Estado

Federación atrae investigación

Sandra Rodríguez/
El Diario

2018-04-11

La representación jurídica de la familia de la periodista Miroslava Breach Velducea espera que la federación abra nuevas líneas de investigación que lleven al arresto de los autores intelectuales del crimen.
De acuerdo con Sara Mendiola, abogada de la familia, la intención de la atracción promovida es que se amplíe la indagatoria no sólo a los funcionarios mencionados en el expediente –como los panistas Hugo Ahmed Schultz y Alfredo Piñera-, sino a todos los posibles involucrados.
“Lo que queremos es llegar al conocimiento de lo que pasó, y la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) tendrá que valorar qué líneas se tienen que abrir”, dijo Mendiola, también integrante de la organización Propuesta Cívica.
La expectativa de ampliar la investigación se generó luego de que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Javier Antonio Mena Quintana, resolvió ayer en Chihuahua conceder la atracción del caso solicitada en marzo por la FEADLE.
Con la determinación, la Fiscalía General del Estado deberá ser notificada para que entregue el expediente al fuero federal.
En entrevista, Mendiola explicó que se promovió la atracción debido a que se consideró que la FGE busca cerrar el caso sólo con la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry”, acusado de planear y coordinar el asesinato, pero sin llegar a la detención de los autores intelectuales.
“Es en lo que no estamos de acuerdo; consideramos que hay otras líneas que la fiscalía debió seguir, que se tienen que seguir investigando para dar con los autores intelectuales, porque hasta el momento a quien se tiene es a los coautores materiales, mas no así a los intelectuales”, dijo.
La periodista, corresponsal del periódico nacional La Jornada, fue asesinada el 23 de marzo de 2017, en el exterior de su domicilio, en la ciudad de Chihuahua.
Desde las primeras horas posteriores al crimen, el gobierno del estado planteó que el móvil era su trabajo periodístico; en particular, precisó el Fiscal del estado, César Augusto Peniche, sus publicaciones sobre cómo la organización criminal conocida como Los Salazar -vinculados con el Cartel de Sinaloa- “influyó en la designación de candidatos a las alcaldías y jefes policiacos de Seguridad Pública Municipal”.
A consideración de Propuesta Cívica, sin embargo, la FGE no profundizó en esos indicios, por lo que el móvil, si bien identificado, carece de vínculo con los autores materiales.
“No hay aún en la carpeta pruebas fehacientes para poder ir por ese autor intelectual”, dijo en marzo pasado Nataly Quintero, también integrante de Propuesta Cívica.
En el expediente aparecen los nombres de Hugo Ahmed Schultz, ex alcalde de Chínipas y luego funcionario de Educación en el gobierno de Javier Corral, así como Alfredo Piñera, vocero estatal del PAN.
El primero, según lo difundido ante el Poder Judicial en diciembre, recibió de parte de “El Larry” la instrucción de aclarar que el PAN no había sido la fuente de información del texto en el que Breach denunció que Juan Salazar Ochoa buscaba la alcaldía de Chínipas.
Piñera, por su parte, llamó por teléfono a la periodista para pedirle esa aclaración, la grabó y entregó el audio en una memoria USB a Schultz, que a su vez reportó la conversación a los Salazar.
El audio, se informó oficialmente, fue encontrado en la casa de seguridad utilizada por “El Larry” y los otros dos asesinos materiales en la ciudad de Chihuahua.
Ambos funcionarios, de acuerdo con la Fiscalía estatal, se encuentran en el expediente sólo en carácter de “testigos de hechos”, mas no sujetos a investigación.
Cuestionada sobre ambos funcionarios, Mendiola insistió en que no buscan que se investigue a alguien en particular, sino que se agoten las indagatorias.
“Consideramos que hay otras líneas que la fiscalía debió seguir, que se tienen que seguir investigando para dar con los autores intelectuales”, enfatizó.
En su resolución, el Juez Mena Quintana determinó que la petición de la FEADLE, además del cumplimiento de requisitos como la gravedad del crimen, eran suficientes para conceder la atracción, informó Mendiola.

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