Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
El aumento de la violencia en el occidente del estado ha complicado la organización de las próximas elecciones. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, la Sierra concentra la mayor cantidad de ciudadanos que han rechazado formar parte de las mesas directivas de casilla, uno de los pilares de las elecciones mexicanas.
La misma zona suma también el mayor número de secciones en las que el personal del INE ha solicitado cambiar las rutas de visita, debido, entre otros factores, a la inseguridad.
En la sesión ordinaria del Consejo Local del INE en el estado de Chihuahua, celebrada el 22 de marzo, Liliana Azucena Flores Cárdenas, vocal de capacitación electoral y educación cívica, informó del avance y cumplimiento en las visitas y entregas de notificaciones a los ciudadanos elegidos para conformar las mesas directivas de casilla.
En el informe se establece que los distritos electorales federales 7 y 9 son los que tienen mayor tasa de rechazos en las notificaciones; es decir, es en los municipios serranos, donde más ciudadanos se niegan a ser funcionarios de casilla.
El nivel más alto de rechazo corresponde al distrito federal 9, con cabecera en Parral y que incluye municipios serranos como Balleza, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Batopilas y Urique, entre otros.
Al corte del 22 de marzo, en ese distrito el 6.46 por ciento de los ciudadanos que han sido notificados para participar en la organización de la elección han rechazado la invitación. A nivel estatal la tasa de rechazo es de 3.61 por ciento, casi la mitad que en los municipios del occidente.
El segundo lugar en rechazo lo ocupa el distrito electoral federal 7, con un 4.38 por ciento de rechazos. Con cabecera en Cuauhtémoc, ese distrito está compuesto por los municipios de Madera, Namiquipa, Bachíniva, Temósachic, Uruachi, Guerrero, Bocoyna, Chínipas y Guazapares.
La situación ha sido notada ya por las autoridades federales, que elaboran un mapa de riesgos de Chihuahua para las elecciones. El martes de la semana pasada, funcionarios del Cisen, Secretaría de Gobernación INE y PGR, sostuvieron una reunión con autoridades locales para tratar la situación.
Germán Castillo, director de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, reconoció la gravedad de la violencia en el país y la posibilidad de su impacto en la jornada del próximo primero de julio.
“No se puede tapar el sol con un dedo, en todo el país existen situaciones de riesgo y no hay indicios de que en Chihuahua vaya a ser diferente. Es obvio que los grupos del crimen organizado no se van a retirar de sus lugares de vigilancia o ‘halconeo’, como ellos lo llaman, en el día de la elección.
“La ciudadanía está acostumbrada a esa situación y nuestra función será la de disuasión para que no se realicen actos ilícitos”, mencionó Castillo en entrevista.
El funcionario dijo que en todo el país ya ha habido agresiones en contra de los capacitadores electorales (CAES) del Instituto Nacional Electoral, principalmente relacionados con robo de equipo y vehículos.
Debido a la inseguridad tanto del personal electoral como de los ciudadanos que participen en los comicios, la Fepade trabajará junto al INE, los organismos electorales locales y las Fiscalías estatales para elaborar un mapa de riesgos, que deberá tener un primer avance hacia el 2 de mayo próximo, indicó Castillo.
En la reunión sostenida en Chihuahua participaron Arturo Meraz, presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua; Julio César Ulises Chávez de PGR; Alejandro Scherman Leaño, vocal Ejecutivo del INE; Bárbara Jaloma López del CISEN; Israel Aguirre Navarro de la Policía Federal; Luis Carlos Campos Villegas de Gobernación; Germán Castillo de Fepade; Óscar Moreno Villatoro, director adjunto de Fepade y César Peniche de la Fiscalía General del Estado.
Arturo Meraz, consejero presidente del IEE, advirtió que a pesar que de momento no ha habido amenaza o ataque directo contra personal electoral, sí existe preocupación sobre la influencia negativa que pudiera tener la violencia en la participación ciudadana.
“Pudiera suceder que ante un hecho violento a lo mejor se desanime la gente de ir a votar, que es lo que queremos evitar, pero eso no lo podemos lograr a menos que hagamos conciencia social del deber cívico que tienen los chihuahuenses de acudir a elegir a sus autoridades”, indicó.
El consejero Alonso Bassanetti, quien preside la Comisión de Seguridad del IEE, dijo que a medida que se acerque la elección, se planean más reuniones de coordinación con las corporaciones policiacas de cada municipio para evaluar los riesgos y determinar las medidas a tomar, como rondines periódicos a las instalaciones de las asambleas municipales.
Aunque autoridades de todos niveles coinciden en que de momento no hay en Chihuahua alguna señal que ponga en alerta sobre el riesgo de la elección, hay cuando menos dos estampas que muestran la “calma” que vive el estado en materia de seguridad.
En el municipio de López, cercano a Parral, el 30 de marzo se vivió una situación particular. A punto de que venciera el término para el registro de los candidatos a la elección local, un “toque de queda” impuesto por el crimen organizado obligó a que se modificaran los procedimientos.
“A las 7 de la tarde no había gente. Tuvimos que tomar medidas precautorias para que nuestro personal estuviera en sus casas y se quedó una guardia en caso de que alguien quisiera llegar a registrarse, para cumplir con el plazo”, contó Bassanetti.
Otro incidente es el de la candidata por la vía independiente a la alcaldía de Guachochi, Magdalena Rubio, quien denunció ante el IEE amenazas en su contra.
“Se trata de casos aislados con denuncias específicas que tienen que ver con la propia contienda electoral… Más que nosotros poder decir, ‘hay focos rojos’, no, más bien hacemos previsión de las zonas en las que se nos dice que la delincuencia organizada puede estar presente, no necesariamente que vaya a afectar la elección pero nosotros sí previsiblemente valorar que nuestro personal esté resguardado, que la elección se pueda desarrollar el día de la jornada con paz social”, precisó Meraz.
Personal electoral de los municipios de Ocampo, Bocoyna, Guachochi y Guerrero consultado sobre la inseguridad concuerda en la “calma” que impera a la sombra del crimen.
“No se meten tanto con nosotros (los integrantes del crimen organizado), avisamos a qué vamos, adónde vamos y ya, nos dan permiso. Así es, lo sabemos y nos dejan hacer nuestro trabajo, así que trabajamos tranquilos”, detalla en el anonimato una trabajadora electoral de Guerrero.
En la elección local de 2016, una casilla en Santa Anita, Guachochi, tuvo que ser reubicada por conflictos entre grupos de la delincuencia. Otra situación similar se vivió en esa misma elección en el cercano poblado de Güirichique, también en Guachochi, cerca de la frontera con Batopilas.
“En las cabeceras municipales no hay tanto problema. Lo más grave es en las zonas alejadas, donde no hay autoridades. Nosotros en Guachochi ya no tenemos esos problemas, esa psicosis de hace 6 o 7 años; ese tipo de enfrentamientos ya se fueron ahora hacia Madera y para arriba, así que estamos tranquilos”, cuenta un funcionario del Municipio.
Se prevé que hacia mediados de mayo esté elaborado ya el mapa de riesgos con acciones a tomar y un primer balance de la situación de inseguridad para que puedan tomarse las medidas necesarias que garanticen la tranquilidad del proceso electoral.
De momento, en el distrito 9 los CAES han solicitado que se cambie la ruta de visita de 154 secciones electorales de un total de 371. En el distrito 7 han sido 43 de 467. Aunque la autoridad electoral no precisó las razones, los lineamientos contemplan desde la dificultad de acceso hasta el riesgo por violencia como válidas para los cambios. (Itzel Ramírez / El Diario)
Alto rechazo
Distrito 9
Incluye: Parral, Balleza, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Batopilas y Urique, entre otros
Distrito 7
Incluye: Madera, Namiquipa, Temósachic, Guerrero, Bocoyna y Chínipas, entre otros