Miguel Silva/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— Mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó la inseguridad que prevalece en Chihuahua y exigió mayor determinación del gobierno para hacer frente a la situación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se sumó al reclamo e instó a las autoridades a conducirse con la verdad, ya que entre ellas mismas han caído en contradicciones.
“Condenamos los hechos violentos ocurridos ayer (el miércoles) en la capital de Chihuahua que resultaron en el fallecimiento de dos personas, uno de los cuales era escolta del fiscal César Peniche”, escribió en su cuenta de Twitter, Jan Jarab, representante de la ONU en México.
Asimismo difundió el mensaje para demandar claridad en los hechos y determinación del gobierno para hacer frente a la inseguridad que se vive en Chihuahua.
A esa postura dijo sumarse el ombudsman José Luis Armendáriz, y reclamó que entre la Fiscalía General, la Comisión Estatal de Seguridad y el propio gobernador, ofrezcan información contradictoria.
La reacción fue a raíz de que la noche del miércoles pasado se registró un ataque a balazos en el fraccionamiento Cantera V, donde reside el fiscal general del Estado, donde perdió la vida un policía estatal y resultaron lesionadas cuatro mujeres –dos civiles y dos guardias de la caseta de vigilancia.
Posteriormente, se dio a conocer que el elemento caído pertenecía a la escolta del funcionario, versión que después desmintió el mandatario estatal Javier Corral Jurado y el comisionado de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño.
El titular de los Derechos Humanos en el estado destacó la necesidad de que el gobierno estatal aclare debidamente contra quién iba dirigido el atentado.
Consideró que permea la opacidad en las declaraciones, incluso cuando el fiscal refiere que sólo una persona murió (el policía), mientras que el gobernador y el comisionado señalan que fallecieron dos personas.
Armendáriz añadió que “sería drástico y tajante afirmar que la autoridad está rebasada por el crimen organizado, pero en apego a la realidad, sí se percibe un incremento en los delitos de alto impacto que ponen en riesgo a la población”.
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