Sandra Rodríguez Nieto/
El Diario
Como una falta de “extraordinaria gravedad” a la división de poderes y la independencia judicial fue calificada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la forma en que, el 29 de abril de 2017, el Ejecutivo y el Legislativo de Chihuahua cesaron a los integrantes del anterior Consejo de la Judicatura estatal.
“Dejar firmes y sin analizar estas normas, me parecería de una extraordinaria gravedad, que llegue un nuevo Gobierno y separe de sus cargos a todos los integrantes del Consejo de la Judicatura y nombre a otros”, dijo el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ante el pleno.
Zaldívar, encargado de proyectar la sentencia sobre la controversia constitucional 179/2017, también cuestionó que el titular del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Julio César Jiménez Castro, contactara a al menos dos ministros de la SCJN para tratar de reducir el alcance de la sentencia proyectada. “Tampoco pueden después venir a decir ‘fíjate que no quise decir lo que dije’, y vienen y presentan un memorando, cerrada la Litis, (diciendo) ‘ahhhh se me chispoteó’, pues mala (noticia) venirnos a decir ‘no quise impugnar lo que impugné”, dijo Zaldívar.
Los argumentos fueron parte del inicio del análisis de la controversia promovida por el Poder Judicial de Chihuahua el 9 de junio pasado contra diversas facultades dadas al Consejo de la Judicatura estatal en un decreto del 29 de abril de 2017.
Desde el inicio de su argumentación, el ministro Zaldívar aclaró que su proyecto sería de mayor alcance que lo impugnado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua –las facultades de la Judicatura– y que cuestionaría, sobre todo, la forma en la que se disolvió este órgano y se nombró su reemplazo.
“Me parece que es una afectación gravísima a la independencia del Poder Judicial del estado y me parecería un precedente muy peligroso y muy delicado el que esta Suprema Corte dejara de analizar esta situación que, reitero, me parece particularmente grave”, insistió el ministro.
La postura de Zaldívar –que todavía no es votada– se pronunciará sobre la composición actual del Consejo de la Judicatura, que redujo de cuatro a tres las posiciones del Poder Judicial y de dos a una las del Poder Legislativo.
El fallo podría afectar los nombramientos de los cinco consejeros actuales –el presidente del TSJ, Julio César Jiménez Castro; los magistrados Pablo Héctor González y Roberto Siqueiros; el diputado Jesús Joaquín Sotelo y, como representante del Ejecutivo estatal, la abogada Luz Estela Castro.
La sesión de ayer fue la tercera en la que la SCJN discute reformas judiciales impulsadas en la actual administración del gobernador Javier Corral. El pasado martes, también por considerar una violación a la división de poderes y la independencia judicial, la SCJN ordenó la remoción del actual titular del TSJ, Julio César Jiménez Castro.
Esto, como efecto de haber considerado inválido un artículo transitorio que, el 11 de noviembre de 2016, al inicio de la administración, también ordenó el cese anticipado de la presidencia del TSJ, entonces a cargo de Gabriel Sepúlveda Reyes.
La discusión de ayer se enfocó en revisar las facultades de la SCJN para ampliar la materia de la impugnación del TSJ, ya que éste se pronunció sólo contra facultades dadas a la Judicatura para remover magistrados, decidir el presupuesto, reducir el número de salas y otras.
En ese contexto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, mencionó haber recibido “un escrito de alegatos del presidente del Tribunal Superior de Justicia”, Jiménez Castro, que le explicaba que no habían combatido ciertas parte del decreto “no por ignorancia, sino por no existir voluntad”.
Zaldívar, sin embargo, cuestionó la postura y, casi al cierre de la sesión, advirtió que la obligación de la Corte era velar por el orden constitucional, “no por intereses políticos”, sino la Constitución.
La discusión sobre el “fondo” de la controversia continúa en la sesión pública ordinaria del próximo lunes. (Sandra Rodríguez / El Diario)