Itzel Ramírez/
El Diario
La reforma al Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, que desechó la Suprema Corte, atravesó acusaciones de “albazo” y “mayoriteo” cuando fue aprobada en el Congreso del Estado por la mayoría panista.
Presentada por el entonces coordinador de los diputados del PAN, Miguel La Torre, la iniciativa fue objeto de rechazo por las fracciones de PRI, PVEM, PT y PRD, que se manifestaron entonces por una mayor discusión de la propuesta a la que consideraron un golpe a la autonomía del Poder Judicial de Chihuahua.
Presentada el 10 de noviembre de 2016, la iniciativa desató en el Legislativo un debate en el que participaron hasta ocho diputados con posicionamientos a favor y en contra.
De acuerdo con el Diario de Debates, la diputada del PRI Adriana Fuentes señaló que el dictamen les había sido entregado a los legisladores el mismo día, sin que hubiera oportunidad de analizarlo.
“No tuvimos tiempo para analizar a detalle la trascendencia de esta reforma... “Debemos entrar a fondo al estudio del presente documento en el cual no se cumple con elementos generales de la ley que debe ser general, abstracta e impersonal, por lo que se trata de una ley privativa, ya que va dirigida a una persona en específico para destituirla”, dijo entonces la legisladora del PRI.
En su posicionamiento en contra, adelantó que la reforma sería objeto de revisión judicial.
“Siento que sería un revés para el Poder Legislativo que se judicializara llegando a los tribunales federales por la falta de análisis técnico, jurídico y legislativo en la totalidad del dictamen”, aseveró Fuentes.
Mientras que la diputada del PRD Crystal Tovar Aragón consideró que la iniciativa se trataba de una “burla” al Legislativo y a la constitución local, al pretender violar el principio de irretroactividad de la ley y aplicar la modificación a los magistrados del TSJ.
“Estamos... pasando por alto al Poder Judicial y a las barras de abogados. Soy una fiel creyente de que si nosotros ponemos el ejemplo de caminar por el camino de la legalidad, no podremos, en ningún momento, decirle a los ciudadanos que no lo hagan”, argumentó Tovar en su momento.
A pesar de las solicitudes para devolver el dictamen y los argumentos para su rechazo –algunos de los cuales fueron esgrimidos en su razonamiento por la Corte–, la mayoría de los legisladores avaló la iniciativa.
Fue con 23 votos a favor y 8 en contra que se aprobó la iniciativa. A favor votaron los 16 diputados panistas, los dos diputados de Morena, los tres de Nueva Alianza, el representante de Movimiento Ciudadano y el de Encuentro Social.
En contra se manifestaron los dos diputados del PT, los dos del PVEM, 3 diputadas del PRI y la representante del PRD.
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