Miguel Chavarría/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— Las herramientas que utilizó el Gobierno de Javier Corral para elegir a medios de comunicación para la difusión de publicidad oficial no permiten afirmar que las asignaciones y contrataciones se realizan de manera imparcial, transparente y no discriminatoria, afirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En su informe especial ‘Sobre asignación y contratación de publicidad oficial’, la CNDH concluyó que “este nivel de opacidad [...] sugiere que las prácticas arbitrarias en la asignación y contratación de publicidad oficial se relacionan con su uso como ‘premio o castigo’ a medios de comunicación por parte de diversas autoridades”. De acuerdo con el reporte, esta práctica “lacera profundamente el tejido social”.
Según el informe, todos los contratos de publicidad oficial firmados desde el inicio de la administración de Corral, del primero de octubre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017, fueron por adjudicación directa, “sin que obre una justificación fundada y motivada que acredite las razones por las cuales [...] se realizó la contratación mediante un procedimiento cerrado”.
En la Plataforma de Transparencia de Publicidad Oficial www.unidosconvalor.org están disponibles los contratos que la Coordinación de Comunicación Social firmó con varios medios de comunicación por adjudicación directa, cuyas justificaciones consisten en que “dicho proveedor cumple con los requisitos establecidos [...] para la difusión de campañas del Estado”, según el portal de Internet. Estas razones “no constituyen una justificación formal acorde a la normatividad correspondiente”, reza el informe de la CNDH.
El reporte indicó que las autoridades de Chihuahua no informaron al organismo de Derechos Humanos sobre algún procedimiento específico de evaluación del gasto en publicidad oficial.
La Comisión determinó que las normas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, sobre las cuales se basa la Coordinación de Comunicación Social para evaluar, supervisar y justificar los procesos de licitación para contratos de publicidad oficial, no cuentan con apartados específicos que abunden sobre los procedimientos que se deben llevar a cabo para la contratación y asignación de publicidad oficial.
De acuerdo con los principios de legalidad, el responsable de evaluar el gasto de la Coordinación de Comunicación Social corresponde a la Secretaría de Hacienda y a la de la Función Pública. Sin embargo, las normas de la Ley de Adquisiciones tampoco contienen reglas que instruyan los criterios debidos para el procedimiento de evaluación y supervisión de estos contratos de difusión de publicidad oficial.
El reporte especial ‘Sobre asignación y contratación de publicidad oficial’ puntualizó que la Unidad de Transparencia de la Coordinación de Comunicación Social no proporcionó a la CNDH información sobre los nombres de medios contratados, conceptos, campañas y montos ejercidos del 2014 al 2017.
El Congreso del Estado tampoco contó con criterios establecidos para la contratación de servicios de publicidad con medios de comunicación en el 2017. A través de una solicitud de información pública con número de folio 137442017, el Poder Legislativo de Chihuahua explicó que busca utilizar proveedores de noticias que cuenten con “experiencia y profesionalismo”, así como una “difusión y cobertura adecuada dentro de las ciudades a lo largo de todo el Estado”.
Sin embargo, algunos portales de Internet incluidos en la nómina por contratos de publicidad legislativa el año pasado, no poseen audiencias importantes, tienen un diseño web genérico, no cuentan con actualizaciones diarias de notas informativas o dejaron de estar vigentes luego del fin de su convenio con el Congreso del Estado.
Tan sólo el año pasado, el Congreso local asignó mediante contratos de asignación directa un millón 500 mil pesos a Canal 28 —firmado por Sergio Valles, accionista y representante legal de Sistema Regional de Televisión A. C.— mediante cuatro convenios trimestrales.
Esta televisora fue la que obtuvo el mayor beneficio en el 2017 por contratos de “difusión de trabajos legislativos”, superando incluso a competidores con audiencias más grandes como Televisa y TV Azteca.(Miguel Chavarría / El Diario)