Sandra Rodríguez/
El Diario de Juárez
Una impunidad casi total, como la que cubre los asesinatos registrados en Chihuahua entre 2008 y 2012, de más de un 90 por ciento, no es incapacidad institucional sino “una política de Estado”, consideró el escritor y periodista John Gibler.
“El gran mito es que la impunidad es el resultado de la incapacidad de las autoridades y de las fallas en el diseño de las instituciones. Las autoridades son increíblemente capaces, pero lo que producen es la impunidad, no la justicia”, dijo el autor de diferentes investigaciones periodísticas sobre el crimen en México, como la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
“Una tasa de 90 por ciento no refleja la incapacidad: nos muestra que el objetivo es la impunidad. Saben lo que hacen, y lo hacen bien. Siembran evidencias, destrozan evidencias, torturan, mienten, inventan, no revisan cámaras o de plano borran las cámaras de seguridad”, agregó el autor de “Historia oral de una infamia”, que narra la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Gibler fue consultado sobre la estadística de FGE que muestra que, de los 18 mil 658 asesinatos registrados en Chihuahua entre 2008 y 2012, sólo un 8.3 por ciento han llegado a tribunales.
La misma información muestra que hubo períodos, como 2008 en la zona Norte de la entidad, con Juárez como principal centro de población, donde la impunidad es prácticamente total, con mil 691 víctimas asesinatos y sólo 2.7 de los expedientes con avances en la investigación.
Los indicadores de violencia en Chihuahua empezaron a aumentar en 2008, que fue cuando inició aquí la estrategia de “combate frontal” al crimen organizado lanzada por el ex presidente panista Felipe Calderón, pero también al arranque del nuevo sistema de justicia penal oral.
Al respecto, el también investigador de temas de procuración de justicia, Guillermo Zepeda Lecuona, hizo notar que la impunidad que reporta la Fiscalía de Chihuahua se generó pese a los avances que hay en materia pericial.
“Pero el indicador más duro en eficiencia es la impunidad; entonces, debe dársele un seguimiento anual, y son más de 10 mil familias (en la zona Norte) que han sido defraudadas en su expectativa de justicia”, dice Zepeda.
“Y esto tiene costos emocionales, humanos y erosionan el capital social; entonces, es un gran pasivo que se debe revertir y no quedar en el olvido, para el que tendrán que dedicarse recursos para las carpetas de investigación, para empezar a esclarecer y para que no queden en el olvido”, agregó el también director de la organización Jurimetría. (Sandra Rodríguez / El Diario)
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