El Diario de Chihuahua
2018-03-23
Chihuahua— Al cumplirse hoy un año del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, representantes de organizaciones en defensa de la libertad de expresión coincidieron en que se avecina un panorama adverso para el caso: las épocas electorales. Ese argumento lo refuerzan con la solicitud reciente de la Federación por atraer el caso, aún sin definirse.
El nivel de impunidad que impera en torno a este tipo de asesinatos es enorme, subrayó Balbina Flores, representante en México de la agrupación Reporteros Sin Fronteras (RSF). “Si las investigaciones no avanzan constantemente, menos en tiempos electorales”, afirmó el miércoles pasado al participar en el conversatorio 'Un año sin Miroslava. Un año sin justicia', realizado en la Ciudad de México.
Así lo aseveró ante la petición hecha a Chihuahua por la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra Libertad de Expresión (Feadle) para atraer el caso, a unos días de iniciar las campañas electorales presidenciales en México.
Sara Mendiola, de Propuesta Cívica A. C. quien ha dado acompañamiento legal a los hermanos de Miroslava, expresó que resultan frustrantes los impedimentos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para acceder a la justicia.
“El caso ha sido un año de resistir, junto a los familiares, la frustración que produce vivir tanta injusticia. Hemos hecho frente a los señalamientos del gobierno que afirma que se ha hecho justicia”, destacó.
Miroslava fue asesinada la mañana del 23 de marzo de 2017, cuando salía de su casa para ir a dejar a su hijo a la escuela. El gobernador Javier Corral aseguró ese día, que el caso no quedaría impune y declaró que la línea principal de investigación era el trabajo periodístico de la corresponsal de La Jornada.
A principios de 2016, Breach Velducea publicó reportajes que vinculaban candidaturas del PRI con el grupo Los Salazar, ligado al Cártel de Sinaloa, que opera en la región de Chínipas y municipios cercanos, colindantes con el estado de Sonora, lo que ocasionó que el partido modificara sus planillas.
En diciembre de 2017, ya ocurrido el crimen contra la periodista, la autoridad estatal confirmó la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, por presuntamente haber orquestado el asesinato.
En la audiencia de vinculación, realizada a finales de ese mes, el Ministerio Público dio a conocer, con base en varios testimonios, que a la periodista le habían llegado amenazas del crimen organizado por parte del exalcalde panista de Chínipas, Hugo Schultz.
Éste a su vez se había deslindado ante la agrupación criminal de haberle pasado información a la comunicadora, mediante una grabación, hecha por el aún vocero del PAN, Alfredo Piñera, en la que ella misma se atribuye como fuente de la información.
En este sentido, Sara Mendiola de Propuesta Cívica opinó que el homicidio significa una pérdida a la libertad de expresión y una exhibición de corrupción institucional en la investigación realizada para tratar de esclarecer el hecho.
“De esa indagatoria, no podemos hablar que es ejemplar como lo ha declarado el gobernador Javier Corral”, puntualizó, “y falta aún una política integral de protección para garantizar un periodismo crítico que contrarreste la impunidad”.
Eso ha originado que quienes ejerzan la labor informativa sean criminalizados, agredidos, desplazados, forzados a dejar de hacer periodismo y asesinados, consideró.
El contexto de violencia en la libertad de prensa y de expresión en México lleva consigo víctimas desde hace más de una década, reflexionó Balbina, de RSF, con la espiral de violencia generada en el sexenio de Felipe Calderón al poner en marcha su llamada “lucha contra el crimen organizado”.
Posteriormente, ya con Enrique Peña Nieto, esos índices se mantuvieron, la violencia se dispersó y en muchas regiones se profundizó. “La censura se ha instalado como una forma de sobrevivencia, pero ha generado otra situación grave, que se tengan zonas silenciadas”, expuso.
Las cifras de organizaciones hablan de un 98 por ciento de impunidad en casos de agresiones reportadas contra periodistas en mecanismos de protección, y un cien por ciento en desapariciones.
“Estamos en un momento delicado, pero es también una etapa de oportunidad, de establecer qué compromisos queremos como periodistas o como organizaciones defensoras de libertad de expresión”, añadió Balbina Flores en el conversatorio del miércoles pasado en CDMX.
Para Jan-Albert Hoonsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), el asesinato de Miroslava y el del también corresponsal de La Jornada, pero en Sinaloa, Javier Valdez, ocurrido en mayo de 2017, representan la falta de visión estatal y federal para proteger el interés de ser periodista.
Informó que México es el único país en el mundo donde la cifra de homicidios de periodistas aumenta, mientras que en otros como Somalia, Siria o Filipinas, todos en guerra, es contraria.
En el país están prácticamente impunes todos esos hechos, y el caso de Miroslava es simbólico para su investigación, dijo por su parte Emannuel Colombié, responsable del Despacho en América Latina de RSF.
Rodrigo Santiago Juárez, director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Cndh) ponderó que la pérdida de Miroslava conmocionó en gran medida a una sociedad, no sólo en el estado de Chihuahua, sino a nivel nacional, por el trabajo cotidiano de dar a conocer problemas de derechos humanos en la entidad.
Y en su visión, la Feadle no ha conseguido buenos resultados y ni siquiera ha atraído otros casos pendientes de agresiones contra periodistas.