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El Diario
A casi un año de que fue asesinada la periodista y corresponsal de La Jornada Miroslava Breach Velducea, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez autorización para que el caso sea de competencia federal y con ello concluyan las actuaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Lo anterior, luego de que sólo uno de los presuntos participantes está detenido, que la FGE no ha actuado contra tres integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) que intimidaron a la informadora y entregaron a sus homicidas las grabaciones en las que exigieron que Miroslava Breach revelara las fuentes de información que le permitieron establecer la imposición que integrantes del crimen organizado llevaron a cabo para que algunos de sus familiares fueran precandidatos del PRI y PAN en municipios serranos en los comicios de 2016.
Breach, corresponsal de La Jornada y colaboradora de Norte de Ciudad Juárez, fue asesinada el 23 de marzo del año pasado, minutos antes de las siete de la mañana, cuando salía de su casa a bordo de su camioneta para llevar a su hijo a la escuela.
Ayer, fuentes cercanas a los asesores legales de la familia y funcionarios federales confirmaron a La Jornada que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) solicitó en días recientes que un juez federal le otorgue la competencia.
Una investigación hermética
De acuerdo con la información obtenida, esta petición se realizó luego de que durante varios meses la PGR solicitó a la FGE copia del expediente y ésta no respondió a las peticiones de la autoridad federal.
En casi un año, la FGE ha centrado su investigación en tres presuntos participantes en el homicidio: Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry o El Wa (detenido); Ramón Andrés Zavala, (ejecutado el 19 de diciembre de 2017 en el municipio de Álamos, Sonora) y Wilbert Jaciel Vega Villa, quien se encuentra en calidad de prófugo.
Durante sus indagatorias, la FGE ha desechado imputar cargos por la participación o involucramiento en este caso de José Luévano, actual secretario particular del mandatario estatal (en marzo de 2017 fungía como secretario general del PAN en la entidad); Alfredo Piñera Guevara, vocero estatal del PAN, y Hugo Amed Schultz Alcaraz (alcalde de Chínipas cuando ocurrió el homicidio de Miroslava Breach), quien hasta noviembre pasado se desempeñaba, por designación del gobernador Javier Corral Jurado, como coordinador de Educación de la Región Serrana.
Los panistas Schultz Alcaraz y Piñera llamaron y presionaron a Miroslava Breach para que revelara sus fuentes de información, en relación con la imposición de familiares de integrantes de los cárteles de Sinaloa (Los Salazar) y de La Línea (de Arturo Quintana, ‘El 80’) como precandidatos de PRI y PAN que el crimen organizado realizó en municipios serranos de Chihuahua.
Las conversaciones fueron grabadas y posteriormente entregadas a narcotraficantes de esa zona –presuntamente esa fue la causa del asesinato de la corresponsal de La Jornada–, y de todo ello habría tenido conocimiento José Luévano, pues durante la audiencia de imputación a Juan Carlos Moreno Ochoa así lo señalaron los otros panistas, a quienes se dotó de identidad reservada en el expediente: a Alfredo Piñera se le asignó la clave Casio, y a Hugo Schultz, Boby.
Los movimientos de los asesinos
El 21 de marzo llegaron a Chihuahua Juan Carlos Moreno Ochoa, integrante de Los Salazar; Ramón Andrés Zavala, el tirador, y un tercero no identificado en las actuaciones ministeriales. Presuntamente viajaron en avioneta de Chínipas a la ciudad de Chihuahua.
Moreno Ochoa se alojó en la habitación 120 del hotel Marrod y Ramón Andrés Zavala se quedó en la casa de Wilbert Jaciel Vega Villa. Desde ese día comenzaron a rondar la casa de Miroslava Breach.
En los preparativos del atentado se incluyó como casa de seguridad el domicilio ubicado en la calle Arroyo del Sacramento, colonia Quinta Balboa, la cual pertenece a una agente de la policía estatal –que depende de la FGE de Chihuahua–, sobrina política de “El Larry”. Pero las autoridades del estado tampoco le imputaron ningún cargo a pesar de haber aceptado que el homicida material de Miroslava Breach se ocultó en su domicilio antes y después del ataque. La fiscalía la convirtió en testigo con identidad reservada con el nombre clave de Rubí.