El Diario
2018-03-20
Chihuahua— Chihuahua se ubicó dentro de las regiones de alta peligrosidad para ejercer el periodismo. Entre los factores derivados se encuentran las actividades del narcotráfico en el estado y “la violencia institucional imperante contra la prensa durante el gobierno de Javier Corral, así como la impunidad que prevalece incluso en casos paradigmáticos, como el del asesinato de la periodista Miroslava Breach”, indicó el informe anual de la organización Artículo 19 titulado ‘Democracia simulada, nada que aplaudir’.
De acuerdo con el informe, a pesar de que se logró la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias ‘El Larry’, presunto autor intelectual del asesinato de Miroslava, “la investigación también debe garantizar la reparación del daño de la familia, así como el procesamiento de todos los implicados, situación que al momento no ha sucedido (...), la falta de acceso a la justicia para la familia aún prevalece en el asesinato de la periodista”, debido a que no se ha dado acceso a la indagatoria a las víctimas indirectas de este homicidio.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe ‘Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión’, posicionó a Chihuahua como el quinto estado más peligroso para hacer ejercer este derecho.
En junio de 2017, el estado de Chihuahua adoptó el Plan de Contingencia derivado de la Alerta Temprana, luego de que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres lo calificara como el estado con mayor número de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos.
Estos casos incluyen los homicidios de Marisela Escobedo el 6 de diciembre de 2010; las agresiones de las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz y María Luisa García Andrade, así como el atentado contra su integrante Norma Andrade en Ciudad Juárez; los periodistas Adrián Rodríguez y Miroslava Breach, ejecutados en la capital el 10 de diciembre de 2016 y el 23 de marzo de 2017, respectivamente; y los asesinatos de los ambientalistas Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros, ambos activistas defensores en la Sierra Tarahumara.
Aunque la Alerta Temprana se implementó en Chihuahua, Artículo 19 consideró que “no puede decirse que la implementación haya generado resultados positivos para los periodistas, ya que en muchas ocasiones son los propios funcionarios públicos locales quienes perpetran las agresiones”. Ése fue el caso de Miroslava Breach, quien fue grabada por el vocero del PAN estatal, Alfredo Piñera, en la que la exhortó a entregar la identidad de sus fuentes luego de que la periodista revelara la colusión que hubo entre partidos políticos con miembros de la organización criminal Los Salazares, durante las elecciones locales del 2016.
Durante las audiencias públicas de El Larry, autor intelectual del asesinato de Miroslava, se dio a conocer que dichas grabaciones fueron entregadas a miembros del grupo organizado por parte del ex alcalde panista de Chínipas –de donde Miroslava era originaria–, Hugo Schultz.
Según el informe de Artículo 19, en México hubo 12 periodistas desplazados de forma forzada en el 2017. En Chihuahua, Patricia Mayorga, corresponsal de Proceso en Chihuahua, migró de Chihuahua luego del asesinato de su colega Miroslava debido a la que “los gobiernos de Chihuahua no han podido detener las condiciones de inseguridad en aquel estado para quienes ejercen el periodismo”, según comunicó la organización Periodistas de a Pie.
No obstante de la implementación de la ‘Alerta Temprana’, en el 2017 fueron registradas 19 agresiones contra la prensa en el estado, según Artículo 19. Esto convirtió a Chihuahua en la séptima entidad más peligrosa en ejercer periodismo aquel año, superando a Sinaloa y a Tamaulipas. Además, desde el 2009 hasta la fecha, 119 periodistas han sido agredidos en Chihuahua.
El mismo documento señaló que la administración estatal ocupó el sexto lugar entre las entidades que mayores recursos destinaron en el 2017 a publicidad oficial. Esos montos ascendieron a los 170 millones, 347 mil 698 pesos, según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), gastos mayores a los ejercidos en el Estado de México y Jalisco.
Estos datos de uso de publicidad oficial contrastan con el discurso de austeridad del gasto público que Javier Corral anunció a inicios de su administración.
Durante los primeros 100 días de gobierno, Javier Corral dijo que “la severa crisis en el presupuesto a la que nos enfrentamos, fruto del estado de bancarrota y latrocinio en que nos heredaron las finanzas estatales (...), resulta imperante tomar medidas extraordinarias y audaces al respecto”. Meses después, el pasado 14 de marzo, el Gobierno del Estado anunció que este año se gastarán alrededor de 85 millones de pesos en la conformación del Canal Estatal, el cual se inaugurará después de las elecciones federales.
Artículo 19 aseguró en su informe que el uso de la publicidad oficial “otra forma de controlar los flujos de información que llegan a la sociedad (...) del que dependen los medios (de comunicación)”.