Jaime Armendáriz/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— Los diputados locales cuestionaron a la Auditoría Superior del Estado sobre las revisiones que se hicieron al gasto del gobierno de Javier Corral Jurado, al considerar que falta especificar la auditoría a cada una de las dependencias que integran el Poder Ejecutivo.
La duda surge con el planteamiento de la coordinadora del PRI, Isela Torres Hernández, quien detalló que el programa de auditoría tiene un apartado de “Gobierno del Estado de Chihuahua”, sin especificar si engloba a todas las dependencias, ya que se habla aparte de las secretarías de Educación y Deporte y a la del Trabajo y Previsión Social.
La comisión de Fiscalización del Congreso logró ayer la aprobación ante el pleno de un exhorto a la Auditoría sobre ese tema, con el argumento que es necesario precisar los entes integrados en esa revisión fiscal estatal.
De igual forma se le pidió a la ASE omita la realización de auditorías de gabinete, en caso de que el Programa Anual de Auditoría las contemple, por carecer de efectividad, no acreditan los procesos de transparencia debidos ni arrojan resultados contundentes, subrayó en tribuna el panista Jorge Soto Prieto.
También el Legislativo llamó ese organismo revisor a llevar a cabo las auditorías integrales a todos los entes fiscalizables con la finalidad de conocer la correcta aplicación de los recursos.
Soto explicó que la Auditoría Superior tiene facultad para auditar, en forma posterior a la presentación de la Cuenta Pública, los ingresos y egresos, el patrimonio, así como el manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos.
También para revisar los subsidios que las dependencias fiscalizables hayan otorgado, con cargo a su presupuesto, a particulares o a cualquier institución pública o privada, cualesquiera que sean sus fines y destinos, así como verificar su correcta aplicación al objeto autorizado.
Del mismo modo, agregó el diputado, está facultada para verificar las obras ejecutadas, los bienes adquiridos y los servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se hayan aplicado conforme a la ley, y alcanzado los objetivos así como las metas de los programas aprobados.
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