Orlando Chávez/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua– La falta de procuración de justicia está en la parte superior de la lista de quejas que las personas presentan ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que el Informe del 2017 del organismo autónomo establece que fueron presentadas 198, sólo por debajo de las que corresponden a entidades de la Función Pública.
José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión, explicó que esta cifra se debe a los grados de impunidad que existen en la entidad, por lo que la gran mayoría de los afectados por un delito no lo denuncia y los que lo hacen se encuentran con un sistema que falla al impartir justicia a los ciudadanos.
Según el informe de la Comisión del 2017, en los actos contra la Procuración de Justicia se encuentran decenas de motivos de violación al derecho a las víctimas del delito y a los imputados: entre las más frecuentes fueron aquéllas relacionadas con irregularidades, dilación, omisiones en la integración de la carpeta de investigación, recabar evidencias, en vincular a proceso penal a los imputados, que dejan en estado de indefensión a las víctimas del delito.
También se incluyen otros motivos de violación a la legalidad y seguridad jurídica, como imputar hechos falsos; no respetar el principio de inocencia, violentar los plazos legales para su consignación, no informar sobre la ubicación de los detenidos, así como el omitir, obstaculizar o impedir comunicación con su abogado, parientes o persona de su confianza.
En los actos contra la administración de justicia se enmarcan los motivos de violación como: inejecución de resolución, sentencia o laudo, irregularidades durante la tramitación del procedimiento administrativo, incumplir con los plazos fijados en la ley, incorrecta aplicación de las leyes, entre otros.
“En Actos contra Administración pública como la prestación indebida del servicio público; omitir custodiar, vigilar, proteger; establecer medidas cautelares y o dar seguridad a personas, faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones (extorsión), empleos, cargos o comisiones (manejar inadecuadamente los bienes, omitir custodiar proteger y/o dar seguridad a lugares, instalaciones o bienes en general, afectado el derecho de terceros; usar ilegalmente los bienes), obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho.