Miguel Silva/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua– El comisionado del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip), Rodolfo Leyva Martínez, dijo que la única manera de que se deshagan de él sería matándolo.
Señaló que si el gobernador Javier Corral Jurado quiere deshacerse de sus problemas, tendría que matarlo pues jurídicamente no hay elementos para revocar en segunda instancia lo que desde un principio está mal.
Aseguró que cuenta con los elementos suficientes para mantener el fallo que un juez federal le otorgó y que ordenó su restitución en la presidencia del organismo.
Leyva advirtió que trasladará el conflicto al plano internacional, pues solicitará protección a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y que quede asentado que si pierde la vida, todo mundo sabrá quién es el responsable.
Agregó que al gobernador le incomoda la libre expresión de la ciudadanía, cuando él usó esa herramienta para llegar al poder y ahora intenta denostar toda crítica o toda aquellas declaraciones con las que no converge.
El comisionado denunció que el gobernador hace uso de recursos públicos para generar un desorden constitucional en vez de perseguir a malandros, narcotraficantes y secuestradores.
Señaló que Corral enfoca su ira hacia un consejero de transparencia en una clara violación de la ley, pues es evidente la intromisión del Ejecutivo para que el Ichitaip no acate la sentencia del juez.
Dijo que el Estado no aprendió la lección que le dio el Poder Judicial de la Federación, cuando ordenó la restitución de los magistrados Jorge Abraham Ramírez Alvídrez y Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes a sus respectivas salas, luego de que había sido destituidos y ahora pretenden hacer lo mismo al inconformarse con la sentencia que el juez emitió el pasado miércoles.
Leyva Martínez acusó que el gobernador pretende controlar al Ichitaip, para que no salgan a la luz las cosas que se han hecho mal durante su administración.
Reiteró que Corral buscará por todos los medios impedir su regreso a la presidencia, a través de una serie de mecanismos intrascendentes como lo es la Ley de Juicio Político, recién aprobada por el Congreso del Estado.
Sin embargo, dijo que una ley no puede aplicarse de forma retroactiva, “ esto hasta un estudiante de primer año de derecho lo sabe, menos su secretario general César Jáuregui, quien encabeza a los asesores del gobernador”.
Mencionó que lo más fácil para el gobernador sería mandar matar al comisionado, pues por la vía legal no podrán doblegarlo al señalar que no se puede revocar en segunda instancia una sentencia derivada de un proceso que se y hizo mal desde un principio.
“Mejor mándeme desaparecer, hay muchas formas de hacerlo, puede fingir un asalto, que intentaron despojarme de mi vehículo y decir ¡Ay, que tragedia!... sacan un chivo expiatorio y listo, se acabó”, señaló Leyva Martínez.
El comisionado de transparencia indicó que si el gobernador quiere perseguir delincuentes, que empiece por los actos de corrupción que hay al interior de su gobierno, en donde se han cometido abusos de autoridad y dispendio de recursos públicos con fines personales, lo que se contrapone al discurso de combate a la impunidad y corrupción que utiliza. (Miguel Silva/ El Diario)
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