Miguel Chavarría/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua– El nivel de cumplimiento de las nueve recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dictó a varios órganos gubernamentales del estado de Chihuahua aún no ha sido concluido en su totalidad.
Distintas autoridades locales como el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, así como las administraciones del exgobernador César Duarte y el actual mandatario Javier Corral, arrastran además 30 puntos recomendatorios que todavía están en trámite.
Dichas recomendaciones de la CNDH, las cuales han sido todas aceptadas por las autoridades estatales receptoras, en materia de violación a los derechos humanos por parte de funcionarios públicos de Chihuahua, llevan desde el 2011 hasta el 3 de enero de 2018 en ser cumplimentadas tan sólo de forma parcial, según un oficio firmado por el ombudsman, Luis Raúl González Pérez, dirigido a Javier Corral.
De esos nueve avisos, se derivan 46 puntos recomendatorios para que la autoridad responsable no ceda a la “impunidad”, garantice la no repetición de las violaciones a los derechos humanos y atienda a las víctimas afectadas. Sin embargo, sólo han sido concluidos 15 puntos que la CNDH ha enviado a estos organismos gubernamentales, por lo que todavía quedan 31 resoluciones por terminar.
La recomendación más reciente que la CNDH envió a la entidad fue dirigida al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) y al Gobierno de Javier Corral en el 2017, la cual trata de prácticas ilegales que ha arrastrado desde antes la administración de César Duarte. Esto por violaciones a garantías de presos en Ciudad Juárez. La misiva exige a ambos poderes a atender y sancionar a funcionarios responsables de establecer una serie de centros de arraigo domiciliario en prisiones ilegales.
Esta modalidad impedía a presos continuar con su proceso de liberación una vez concluidos los dos años de prisión preventiva.
Según investigaciones de la CNDH, el 63 por ciento de esta población bajo proceso, sujeta a medidas de “arraigo en el domicilio”, le había sido impuesta una prolongación de más de un año de privación de su libertad.
Ante esta violación a los derechos humanos de los imputados en prisiones de Ciudad Juárez, la CNDH pidió al Gobierno del Estado designar a un funcionario de “alto nivel” que funja como intermediario e informe sobre el seguimiento al cumplimiento de esta recomendación.
Sin embargo, este enlace entre ambas dependencias no ha sido cumplido por parte del gobierno de Javier Corral, según el oficio del ombudsman, Raúl González.
Del resto de los puntos recomendatorios para resolver el problema de las cárceles ilegales, sólo uno ha sido cumplido en su totalidad.
Las peticiones de la CNDH que sólo han sido efectuadas parcialmente por el gobierno estatal fueron: el cese del uso de instalaciones “acondicionadas” para llevar a cabo medidas privativas de libertad; iniciativas para que la autoridad interponga una denuncia a la Secretaría de la Función Pública del Estado para investigar las denuncias; impartición de cursos y capacitación a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), y boletinar los expedientes laborales de funcionarios que estén involucrados. (Miguel Chavarría / El Diario)
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