Miguel Chavarría/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— Luego de que ayer fuera restituido a su cargo por órdenes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo, el magistrado de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Jorge Abraham Ramírez comentó que “no creo que sea sencillo para mí mantener la tranquilidad que debo de tener como juzgador, por los propios elementos que están proponiendo” los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE).
“Ellos (CJE) dijeron que venían a limpiar al Poder Judicial y sacar a los duartistas. Y se encontraron a uno justo como lo querían. También dijeron en su momento que yo era cercano al ex gobernador (César) Duarte y que eso era una de las cuestiones que los llevaba a tomar decisiones así”, dijo.
No obstante, el magistrado explicó que los miembros del CJE usaron las consideraciones jurídicas necesarias que en ese momento tenían en manos.
“Sé que tomar una decisión de gobierno nunca es fácil”, dijo Ramírez sobre la resolución de los consejeros estatales –Luz Esthela Castro, Pablo González, Joaquín Sotelo y Julio César Jiménez– en ordenar su destitución. Sin embargo, consideró que “había violaciones a nuestros derechos” en el planteamiento en su contra.
“Yo tengo la tranquilidad de saber que no he hecho nada. No hay un acto, ni una omisión, por la cual se me pueda señalar”, dijo Ramírez cuando se le cuestionó si hará frente al CJE.
“Hay que estar pendiente (...), a tres meses que estuve fuera del Tribunal, aún no sé de qué se me acusa en realidad o cuál es la investigación que ha hecho la Fiscalía”, agregó.
El magistrado explicó que el juicio de amparo interpuesto para suspender la decisión del CJE será atendido en los primeros días de marzo, aunque no especificó una fecha exacta.
Ramírez fue suspendido de su cargo –junto con el magistrado Gabriel Sepúlveda– el 10 de diciembre anterior, por acuerdo de los integrantes del CJE a raíz de una denuncia penal que interpuso el septiembre pasado la Contraloría del Poder Judicial ante la Fiscalía General del Estado por un presunto desvío de casi 7 millones de pesos en la adquisición de una bóveda digital a finales de 2015.
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