Orlando Chávez/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— La intervención del Gobierno del Estado en siete municipios del noroeste de la entidad forma parte de una estrategia de seguridad que se ha centrado solamente en atender el fenómeno de la violencia, pero en un sólo aspecto, mientras que la raíz del problema es el consumo, el cual no se ha detenido e, incluso, el mercado alrededor de los estupefacientes se ha profesionalizado.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz, agregó que los distribuidores de droga han avanzado al grado de que la mercancía que venden incluso ya tiene una marca o sello distintivo para asegurarse de que no haya otros distribuidores en sus territorios.
Expuso que existe un vacío en la estrategia de las autoridades en el combate a los grupos criminales que se dedican a la venta y distribución de droga, ya que se ha dejado el tema de la atención a las adicciones en segundo término, cuando éste debiera ser la prioridad, ya que mientras haya consumo, habrá distribución y, por ende, se generará más violencia.
El ombudsman puntualizó que la presencia de agentes estatales en siete municipios, los cuales se consideraron como los más afectados por la acción de los grupos criminales, también ha generado una serie de quejas de los habitantes.
Precisamente en el informe de la CEDH de 2017, la Fiscalía General del Estado (FGE) acumuló en la oficina en Casas Grandes, 22 quejas que van desde el ingreso de agentes a propiedades privadas sin una orden judicial hasta detenciones no justificadas de personas, mientras que en la oficina de Cuauhtémoc la cantidad de quejas sumo 49 reclamos durante el año pasado, incluyendo querellas por tortura.
Armendáriz concluyó que a un año de la intervención de los municipios por parte del Gobierno del Estado no se ha visto que se plantee una estrategia integral para tener soluciones de fondo al tema de la acción de los grupos criminales.
Quejas
• Cateos sin órdenes judiciales
• Detenciones arbitrarias
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