Miguel Silva/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz, llamó al Congreso del Estado a reformar la Ley Estatal del Agua para bajar, al menos, a 100 litros de agua potable diarios por habitante, y erradicar los vicios en el corte del agua potable por falta de pago, como medida de presión a los morosos.
De acuerdo con cifras de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), en Chihuahua se tiene un consumo promedio de 350 litros de agua potable al día percápita, aunque no todos tienen acceso a ella. Cifras oficiales indican que en la ciudad de Chihuahua hay más de 60 mil personas que carecen del recurso.
En su informe anual, presentado ante el Congreso del Estado, el ombudsman expuso la necesidad de garantizar el servicio a la población con base en los lineamientos internacionales y considera necesario la reforma de ley.
Dijo que desde el 2010, la asamblea general de las Naciones Unidas reconoció de manera explícita el derecho al agua potable y al saneamiento al considerarlos esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
El titular de la la CEDH emitió un exhorto al Poder Legislativo para que se promulgue una ley que garantice el cumplimiento de las cinco características que emite la ONU y hacer justicia social, con la dotación de servicios de primera necesidad.
El organismo considera adecuado verificar la conveniencia de regresar en forma compartida la atribución constitucional a los ayuntamientos o regular su participación en ella, con el objetivo de elevar la cobertura y calidad en el servicio de agua.
Además, exige erradicar los vicios del corte de servicio de agua potable por falta de pago, como medida de presión para exigir el pago del crédito fiscal; erradicar la práctica del cobro de reconexión y establecer un padrón de personas en estado de vulnerabilidad para que se les otorgue una tarifa preferencial.
También pide fomentar una cultura social para el pago de los servicios mediante acciones que no violenten los derechos de las personas, en especial de aquellas familias que se encuentran en condiciones económicas vulnerables.
Así como establecer mecanismos sencillos para reparar daños causados a los automóviles particulares debido a omisiones en reparar los daños en calles o vialidades o no dejar señales de advertencia de peligro.
Actualmente, la ley autoriza a los operadores del agua potable rescindir el contrato al usuario por la falta de pago oportuno e incluso en su presupuesto de programan recursos públicos para cortar el servicio y a la vez se programan recursos por la reconexión del servicio.
De acuerdo a una auditoría realizada a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, en el 2016, se programó el ingreso de 13 millones 538 mil pesos bajo el concepto de “Ingreso por sanción corte de servicio”; y otra cantidad de 12 millones 870 mil pesos, por la reinstalación del servicio, esto durante el 2015.
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