S. Rodríguez/H. Barrientos/
El Diario de Juárez
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa ordenó ayer la restitución del magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez al frente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al concederle la “suspensión definitiva” en el juicio de amparo número 1847/2017 que previamente el juzgado Primero de Distrito rechazó.
Éste es el segundo “revés” jurídico que reciben en la semana, los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE), donde tribunales federales “corrigen” los acuerdos tomados por los consejeros estatales, en sanciones impuestas a juzgadores por presuntos actos de corrupción y donde el tribunal federal ha señalado fallas al debido proceso, entre ellos, a la garantía de audiencia y al principio de presunción de inocencia, entre otros.
El pasado miércoles, el magistrado de la Cuarta Sala Familiar, De lo Contencioso, Administrativo y Fiscal, el expresidente del TSJ, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes también quedó restituido en esa Sala por resolución del Primer Tribunal Colegiado quien le otorgó la suspensión provisional.
Al conocer la resolución, el magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez consideró que su remoción fue “una persecución” por su amistad con el exgobernador César Duarte.
“Yo lo había planteado: que parecía más una persecución, ya que el hecho que consignan no puede considerarse un hecho delictivo”, dijo Ramírez en entrevista telefónica.
“Es muy complicado poder demostrar que hay una persecución política, pero me parece que las acciones del presidente del Tribunal apuntan a que, como soy amigo del exgobernador Duarte, tuve que haber participado en ilícitos, pero en todos mis actos no tengo nada que se me pueda reclamar”, agregó.
Ramírez Alvídrez, que también fue diputado local priista, fue cesado de su cargo como magistrado el 8 de diciembre de 2017, luego de que el Consejo de la Judicatura del estado determinó separarlo a él y al magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes, titular de la Cuarta Sala Civil, de lo Contencioso, Administrativo y Fiscal.
Ambos, de acuerdo con lo reportado entonces por el Consejo de la Judicatura, fueron separados de sus cargos luego de que la contraloría del Poder Judicial del Estado interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades, como un sobreprecio de un 40 por ciento, en la adquisición de una bóveda de almacenamiento digital de las audiencias judiciales.
Cuando se tomó el acuerdo de esta adquisición –el 11 de diciembre de 2015–, Sepúlveda era presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mientras que Ramírez era secretario ejecutivo del Centro para la Instrumentación del Sistema de Justicia Penal.
“Sin base se adjudicó de manera directa y en forma ilegal, porque un día antes de esa contratación, a las doce de la noche, se presentaron las facturas y al día siguiente se presentaron los estudios correspondientes y de mercado”, dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Julio César Jiménez Castro, al anunciar la suspensión de los dos magistrados en diciembre.
El martes, el Juzgado Octavo de Distrito notificó al Consejo de la Judicatura estatal que había recibido de un tribunal unitario la suspensión del acto reclamado (la separación del cargo) por el magistrado Sepúlveda, que ayer se reintegró a sus funciones como titular de la Cuarta Sala.
La resolución de ayer, informó Ramírez Alvídrez, será notificada hoy al Juzgado Primero de Distrito, por lo que su previsión es regresar a la Primera Sala de lo Penal el lunes.
Desde el miércoles, al conocer la resolución en favor de Sepúlveda, la Judicatura informó que la investigación continúa en la Fiscalía General del Estado.