El Diario de Chihuahua
2018-02-13
Chihuahua— El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se abstuvo de emitir algún posicionamiento con relación a inconformidades que denunciaron a este medio de comunicación, personal de ese poder, en el sentido de que desde hace tres semanas agentes del Ministerio Público (MP) adscritos a la Fiscalía de Investigación y Persecución del Delito Zona Centro, están acudiendo de manera discreta a revisar las sentencias de diversos jueces y magistrados en búsqueda de presuntos actos de corrupción.
Ayer a mediodía este medio de comunicación se trasladó al octavo piso del Centro de Justicia, en donde se encuentra el despacho de la presidencia que encabeza el magistrado Julio César Jiménez Castro.
A través de su secretaria se le solicitó una entrevista, el funcionario mandó decir que más tarde, (a las 14:30 horas) podría recibir a el reportero de esta casa editora.
Posteriormente a través de una llamada telefónica se avisó a El Diario que después de las tres de la tarde, el también consejero presidente del Consejo de la Judicatura del Estado podría conceder una entrevista telefónica.
Finalmente este medio intentó entablar sin éxito comunicación con el titular del Poder Judicial, sin obtener respuesta en su teléfono celular.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta el día de ayer no emitía información oficial acerca de las presuntas investigaciones que realizan agentes del Ministerio Público en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La polémica
Desde hace tres semanas agentes del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía de Investigación y Persecución del Delito Zona Centro acuden de manera discreta a las instalaciones del Centro de Justicia, sede del Poder Judicial del Estado, quienes iniciaron una segunda investigación en contra del magistrado suspendido de la Primera Sala Penal, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez; de acuerdo con personal, la presencia de la representación social ha causado molestia entre magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales, pues se trata de una invasión de poderes.
El hecho es calificado como “aberrante”, por los afectados en el Centro de Justicia.
Los entrevistados quienes pidieron el anonimato, por temor a represalias, dijeron que es muy lamentable que el Poder Judicial se supedite al Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), que si bien puede realizar investigaciones por la probable comisión de delitos, carece de facultades para revisar y calificar el trabajo de los procuradores de justicia, en este caso los jueces.