C. Ávila/H. Barrientos/
El Diario de Juárez
El presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas S.C., Julio César García Marín, calificó de inconstitucional que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua pretenda incorporar a sus filas a escoltas que brindan seguridad a los empresarios y a cambio éstos deban pagar por sus servicios a la propia autoridad.
La FGE informó que a partir del 1 de marzo, el costo de escoltas para empresarios en el estado pasará de 8 mil 645 pesos a 34 mil 336 pesos mensuales por agente.
Sin embargo, “la Constitución establece que la seguridad es obligatoria por parte del Estado, además gratuita, pero la realidad vemos que todo está al revés”, subrayó García Marín.
“No me sorprende lo que pasa en Chihuahua porque es un tema en el que todos los gobiernos de los estados han encontrado una mina de oro, de rentar seguridad privada a través de contratos”, dijo.
Empresarios en esta frontera coincidieron en que el aumento del costo de los agentes es muy alto y les afecta considerablemente. Unos demandan justificarlo.
“Los dejan con un aumento en el gasto que se destina a seguridad cuando ni siquiera debería existir esa necesidad”, enfatizó Cristina Cunningham Hidalgo, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos (Canirac).
Raúl de León Apraez, presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), señaló que el alto incremento se tiene además que justificar.
Gilberto Cueva Pizarro, presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco), coincidió en que el costo es demasiado alto.
“Con los altos costos ponen en riesgo a empresarios, que muchas veces hacen esfuerzo para pagar su seguridad y la de sus familias”, citó.
En tanto, Jesús Andrade Sánchez Mejorada, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), comentó que si bien el aumento es importante, también hay que considerar que la función realizada por los elementos conlleva un riesgo y merece una buena remuneración.
El presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas S.C., Julio César García Marín, señaló que los empresarios pueden y deben ampararse, la autoridad no puede exigirles que estén armados a través de la FGE, lo que sí debe cuidar la autoridad es que los escoltas estén dentro de la ley, que estén armados a través de una empresa legalmente constituida, autorizada con los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la portación de armas.
“Los empresarios deben exigir que la seguridad sea gratuita y oportuna como lo marca la propia Constitución”, subrayó García Marín.
En la opinión del presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas, el problema también es de corrupción.
“En muchos estados del país existen las policías bancarias, las auxiliares, las comerciales y las municipales que hacen contratos privados para rentar policías con armas del Estado, con credenciales del Estado. Esto es grave porque primero es una competencia desleal con las empresas de seguridad privada y, número dos, es muy grave porque entonces el Estado, al ser juez y parte, deja de hacer su trabajo que es detener delincuentes”.
Es decir –abundó– dejan que operen los delincuentes porque con ese pretexto pueden tener más clientes al rentarse más escoltas, no sólo ellos, sino guardias porque también vemos a policías cuidando hoteles, joyerías, etc.
“Este mismo fenómeno está pasando en la Ciudad de México, en el Estado de México, Guerrero, Veracruz, en todos los estados donde hay una incidencia delictiva alta los gobiernos estatales están haciendo negocio. Insisto, si los empresarios no dejan de contratarle los servicios al gobierno, ellos están fomentando que la delincuencia se incremente porque el gobierno deja de hacer su trabajo”, dijo.
“Un día un empresario me dijo, no sé si darle dinero a los mañosos porque me vienen a extorsionar o contratarle policías al gobierno que es otra forma de extorsión, pero de un lado u otro tengo que estar repartiendo dinero”. agregó.
Sobre el problema en Chihuahua, mencionó Julio César García, “los escoltas afiliados que tenemos en Chihuahua no nos han comentado algo, pero sí nos han manifestado que hay mucha prepotencia de algunas autoridades cuando los ven como escoltas, les hacen revisiones muy estrictas y aunque no proceda incluso a algunos los presentan ante el Ministerio Público, sólo para provocar molestias”, sentenció. (C. Ávila/ H. Barrientos/ El Diario)
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