Jaime Armendáriz/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— El legislador del PAN en Congreso del Estado, Miguel La Torre Sáenz, emitió un posicionamiento ayer en tribuna a favor de la acción de inconstitucionalidad promovida por el gobernador Javier Corral contra la Ley de seguridad Interior, sin embargo fue criticado por compañeros.
“Saber si este posicionamiento del gobernador, y todo lo incluyente, se va a dar por conducto de él o vamos a hacer una caravana, para irla previendo en el presupuesto”, ironizó el coordinador del Partido Verde, Alejandro Gloria.
Mientras que la coordinadora del PRI, Isela Torres Hernández, consideró una postura en contra del Ejército Mexicano el rechazar la Ley de Seguridad Interior, criticada por organismos en materia de defensa de derechos humanos ante el uso discrecional que podría darse de los elementos castrenses.
Así lo apuntó la coordinadora del partido Morena, Leticia Ortega, quien puntualizó la necesidad de erradicar la norma, aprobada en diciembre pasado a nivel federal con el aval del PRI, PVEM y Panal, y en la que estuvieron en contra partidos como Morena, PAN y PRD.
Al respecto, en el posicionamiento de La Torre, éste expuso que esa ley fue rechazada por amplios sectores de la sociedad y su aval generó molestia y preocupación.
Su comentario lo hizo un día después de que Corral Jurado promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la vulneración de principios fundamentales como la justicia y los derechos humanos que generan la norma.
El mandatario estatal dijo que Chihuahua sería la primera entidad en interponer un recurso legal de este tipo en contra de dicho ordenamiento.
“La ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria, así como también en algunos casos no existen definiciones específicas para algunos vocablos, como en el caso de actos de resistencia”, señaló el legislador La Torre.
De igual manera, se permite que las fuerzas armadas actúen de manera autónoma y no necesariamente bajo la subordinación de las autoridades civiles o en coordinación con ellas y las faculta para llevar a cabo determinadas acciones, pero no establece ningún límite espacial o material, acotó.
“Un aspecto alarmante lo constituye la indebida regulación del uso de la fuerza, ya que el concepto de ‘uso legítimo de la fuerza’ no se ajusta a los estándares internacionales en la materia. En su definición, solo se hace referencia al uso ‘racional y proporcional’, excluyendo principios centrales para que el uso de la fuerza pueda entenderse como legítimo, tales como los de necesidad, idoneidad, eficacia y eficiencia”, expuso.
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