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El Diario de Juárez
Chihuahua— A una semana de que liberaron a siete presuntos sicarios, que fueron detenidos tras un enfrentamiento en Namiquipa, ni el Poder Judicial de Chihuahua, o la Fiscalía General del Estado (FGE), han iniciado investigaciones internas para aclarar la situación y aplicar las sanciones correspondientes al personal involucrado.
Los integrantes de una presunta célula criminal compuesta por siete hombres fueron asegurados el pasado 24 de enero en un operativo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en la carretera Cuauhtémoc a Namiquipa, y al momento de su detención, llevaban consigo fusiles de alto poder, varios vehículos con reporte de robo y droga.
Mientras el titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acusó esta misma semana de que el Ministerio Público “omitió” dar información clave al juez y mandarla tarde por causas desconocidas, los responsables de la FGE y la CES reiteraron que la captura de los presuntos delincuentes estuvo “plenamente acreditada y justificada”.
Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades de ambas instancias no han informado si existe alguna investigación interna para deslindar responsabilidades, ya sea por parte del Consejo de la Judicatura –órgano responsable sancionador de jueces– o la Fiscalía de Análisis, Control y Evaluación mejor conocida como Asuntos Internos.
La liberación se dio el pasado 28 de enero, cuando el juez, Alejandro Legarda Carreón, puso en libertad a los hombres identificados como: Roberto L. H., Marco V. G., Sergio O. A., Jacobo V. R., Martín C. G., César N. S. y Jorge D. A., este último, agente activo de la policía municipal de Namiquipa.
El juez calificó como no legal la detención de los hombres en audiencia celebrada en las salas orales del Cereso de Aquiles Serdán.
A esto, el magistrado presidente del TSJ Julio César Jiménez Castro justificó la liberación de los integrantes de dicha célula criminal, señalando que fue porque el agente del Ministerio Público le falto acreditar ante el juez Legarda que la captura de los mismos —el 24 de enero— ocurrió luego del enfrentamiento a balazos con policías federales.
Jiménez Castro sostuvo ante los reporteros que el juez tuvo que liberarlos por la falta de vinculación entre la detención y el enfrentamiento.
Por su parte el fiscal general del Estado, abordado por El Diario se limitó a responder que “se va a revisar la liberación”.
Solicitará CEDH informe
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), solicitará a partir de este martes un informe detallado sobre la liberación de los siete presuntos sicarios, tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía General del Estado (FGE) y con ello contar con los elementos necesarios para emitir un posicionamiento sobre el actuar de ambas instituciones.
El ombudsman, José Luis Armendáriz González, mencionó que es un caso que merece ser revisado a detalle a fin de poder establecer un posicionamiento, debido a que no se puede realizar una investigación de oficio.