I. Ramírez/ C. Ávila/
El Diario de Juárez
El gobernador Javier Corral Jurado anunció ayer que prolongará su movimiento de protesta contra el Gobierno federal en una “resistencia nacional”, al considerar que sus peticiones no han sido resueltas.
“Ante la cerrazón del régimen vamos a iniciar una resistencia nacional… por supuesto que a partir del domingo inicia una nueva etapa de nuestro movimiento”, dijo el mandatario ayer desde Guadalajara, a unas horas de llegar a la Ciudad de México, a donde reiteró, lleva sus demandas de que se entreguen recursos económicos que corresponden a Chihuahua y acelerar el procedimiento en contra del exgobernador César Duarte.
Este anuncio encendió la preocupación en diversos sectores sociales y políticos, que advierten que esta confrontación de Corral con la Federación puede provocar una crisis de gobierno en el estado.
La coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso estatal, Isela Torres, dijo que con sus acciones, el gobernador pone en riesgo la gobernabilidad en la entidad.
Le gustan mucho los reflectores y mientras tanto aquí están felices los que hacen sus fechorías, porque no hay quién gobierne”, afirmó Torres al cuestionar el nuevo anuncio de resistencia que lanzó el mandatario estatal.
En tanto, dirigentes de agrupaciones de abogados, señalaron que las acciones implementadas y anunciadas por el gobernador Corral pueden causar una crisis en el funcionamiento del gobierno.
“Él es la cabeza, el líder del estado, debe de dejar de hacer campaña y dedicarse a gobernar. Su obligación es con el votante, con el ciudadano”, expresó Antonio Rivera Velarde, secretario de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.
Expresó que el gobernador tiene una salida jurídica que sería pedir una licencia para separarse temporalmente del cargo y dejarle al secretario de gobierno la responsabilidad de gobernar.
“Eso es lo correcto de acuerdo con la ley y debería de hacerlo porque Ciudad Juárez y Chihuahua necesitan de una mayor seguridad, de servicios públicos, de educación y de economía. Entonces tiene muchos asuntos pendientes que atender y no es correcto que el tiempo lo esté invirtiendo en otra situación, aunque diga que lo realiza en horas de asueto, pero él sí tiene una gran responsabilidad”, expresó el abogado.
Rivera Velarde expresó que el gobernador debe decidir entre ser el líder de un movimiento político electoral o ser el gobernador de Chihuahua, aunque su mayor responsabilidad es ser el gobernador y cumplir lo que prometió.
‘Falta a su obligación’
“Con estas acciones va a ocasionar un acrecentamiento en el descuido de su función gubernamental; es una violación constitucional y una falta a la protesta de desempeñar el cargo de gobernador con eficiencia y lealtad”, dijo a su vez Francisco Javier Cuéllar, decano del Colegio de Abogados Licenciado Benito Juárez.
Mencionó que Corral Jurado es gobernador las 24 horas y su actividad la está desviando hacia la actividad político- partidista, y esto es faltar a su obligación de gobernar.
En tanto, Jesús Andrade Sánchez Mejorada, presidente de Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) señaló que si bien la cúpula empresarial respalda el combate a la corrupción y el reclamo de los recursos federales, considera que el acto de Corral no debe perjudicar el funcionamiento de las secretarías.
“Desconozco qué dependencias están participando y en carácter de qué. Pero esto no debe afectar sus funciones”, comentó.
Gilberto Cueva Pizarro, presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) reiteró que los empresarios apoyan que se hagan valer los recursos que le tocan al estado, pero advirtió que las formas utilizadas por los funcionarios para llamar la atención de la Federación quedan fuera del aval de los organismos privados.
La llamada “Caravana por la Dignidad” inició el pasado 20 de enero en Ciudad Juárez y se anunció culminaría el 4 de febrero al llegar a la Ciudad de México; sin embargo, ayer el gobernador anunció que desde ahí mañana arranca un nuevo movimiento “para darle a conocer al país el latrocinio que hoy se pretende proteger desde el Gobierno de la República”.
“Toda vez que no obtuvimos respuesta del gobierno de Peña Nieto, toda vez que no tenemos debidamente engrosadas las órdenes de aprehensión en la solicitud de extradición y que tampoco nos han sido depositados los recursos que nos han retenido indebidamente, el movimiento tendrá que continuar”, aseguró ayer.
El acto ha recorrido varias localidades del estado, así como las ciudades de Gómez Palacio, Durango; Torreón y Saltillo, Coahuila, Monterrey, Nuevo León; Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y León, Guanajuato; Tepic, Nayarit Guadalajara, Jalisco y Morelia, Michoacán.
Este trayecto ha sido recorrido en distintos momentos por Corral, así como por varios funcionarios estatales como Gustavo Madero, Rocío Reza Gallegos, el fiscal César Peniche, Alejandra De la Vega y Víctor Quintana Silveyra, entre otros.
‘Movimiento es ficticio’
Leticia Ortega, coordinadora de la bancada de Morena, juzgó de “ficticio” el movimiento del gobernador.
“Se aprovechó el gobernador de los tiempos electorales para salir con un movimiento totalmente ficticio y de carácter electoral.
Las injusticias de Hacienda y el reclamo de corrupción han estado desde que él llegó, pero es ahora que coincide con tiempos electorales y el gobernador aprovecha para hacer mítines de carácter político, como su informe”, dijo.
Además, Ortega comentó que si existe un verdadero interés por solucionar los conflictos entre ambos niveles de gobierno, se debería usar un canal institucional y de diálogo desde el gobierno.
“El gobernador debería estar en estos momentos despachando en el Gobierno del Estado, desde ahí dialogar y buscar una solución y no hacer un pleito totalmente ficticio”, indicó.
Mientras que para el coordinador de los legisladores del PAN, Jesús Villarreal, tanto la Caravana por la Dignidad como las acciones que se sumen, son la única vía posible para solucionar el conflicto.
Villarreal dijo que el gobernador ha agotado los recursos institucionales a su mano para solicitar el pago de recursos acordados con la Federación, por lo que resta usar la movilización social.
“Ha estado insistiendo el gobernador por muchos medios y realmente no ha habido una respuesta en ese sentido. A pesar de la caravana, el gobierno federal no ha mostrado ninguna intención de resolver este asunto. Ya han pasado dos meses y no se ha cumplido la petición de los chihuahuenses”, mencionó el panista.
Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), consideró que la comunidad debe distinguir los procesos institucionales de la “politiquería”.
“La politiquería son los dimes, diretes, lo que se dice solamente para causar una impresión que a una persona adulta ni impresiona ni asusta. Por otro lado, existen los procesos institucionales. El gobernador Corral ha puesto denuncias y tiene que exigir que se investiguen y se lleven frente a un juez”, dijo.
Desde su perspectiva, hasta que tales denuncias no sean casos procesados no se puede hablar de que funciona la institucionalidad del gobierno, lo que evidencia que los recursos ciudadanos han sido desperdiciados en vano.
“Y si el Gobierno federal tiene observaciones qué hacer al estado que las haga a través de los medios correspondientes; de lo contrario es pura politiquería”, comentó.
Ortiz Quintana opinó que además de proceder con las denuncias de corrupción, el Estado tiene que trabajar para mejorar las condiciones de vida en el estado y en Ciudad Juárez.
Para José Márquez Puentes, integrante de Ciudadanos Vigilantes, cualquier confrontación entre gobiernos es un tema de preocupación, pero, en el caso actual, este enfrentamiento, dijo, es legítimo.
“Veo justo el que se denuncie la forma en que el Gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda desvía los recursos de nuestros impuestos para apoyar campañas federales de un partido político. Creo que es un punto muy delicado la relación Estado-Federación”, comentó. (Con información de Fernando Aguilar)
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