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El Diario de Chihuahua
Chihuahua— El juez local Alejandro Legarda Carreón, quien el domingo pasado liberó a siete presuntos integrantes de una célula criminal detenidos en Namiquipa, lleva el caso del exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
También decretó como ‘legal’ el arresto del líder de una banda delictiva basado sólo en la declaración de un testigo protegido.
Ante la polémica generada del porqué Legarda decretó ilegal la detención de los siete hombres, presentados por las autoridades como supuestos sicarios, y los dejó en libertad, la Fiscalía General del Estado reclamó la decisión del jurista.
De acuerdo con la autoridad investigadora, el juez no consideró como elementos incriminatorios que se les capturó cuando viajaban por la carretera a Namiquipa en vehículos con reporte de robo, traían droga y un arsenal, luego de enfrentarse a balazos con policías federales.
Por el contrario, el jurista antepuso el hecho de que el Ministerio Público sólo fincó cargos por circular en autos robados y portar armas, y que no documentó el enfrentamiento ni la persecución.
Ese criterio no lo aplicó Legarda el 12 de mayo de 2013, cuando según archivos periodísticos, calificó como “legal” la detención de un líder de un grupo que operaba en la ciudad de Chihuahua en la distribución de narcóticos.
Esa vez, Legarda Carreón impuso al acusado la prisión preventiva.
Mismo criterio aplicado en los juicios que ha llevado a los implicados con la anterior administración del Gobierno del Estado, como el del exedil capitalino Javier Garfio, a quien el 23 de octubre de 2017 le fijó un plazo de tres años de cárcel, pero no le impuso la obligatoriedad de la reparación del daño para condicionar su libertad.
Mientras que a finales del mes de diciembre del año pasado, por testimonios de un testigo protegido también vinculó a proceso al exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
Este mismo juez el 14 de diciembre de 2017 celebró el juicio de procedimiento abreviado en contra del exdiputado local y exdirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Fernando Mariano Reyes, quien aceptó haber obtenido recursos públicos de manera ilícita y recibió una pena condicional de tres años de cárcel pero como ; sin embargo, debido a que el exlegislador había depositado previamente la cantidad de 2 millones 420 mil pesos de garantía como reparación del daño, nunca fue detenido y a la fecha enfrenta su sentencia en total libertad.