El Diario de Chihuahua
2018-01-30
Chihuahua— Los abogados defensores de los procesados por el delito de peculado agravado, Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, declararon ayer a El Diario que por estrategia de sus representados, no emitirán declaraciones a la prensa con respecto a las denuncias penales que interpusieron recientemente ante la Procuraduría General de la República (PGR), así como presuntas amenazas que recibieron las esposas de los reclusos.
“Esperamos nos entiendan, me pidió mi cliente ayer (lunes) que fui a verlo que no demos declaraciones por el temor que existe”, expresó el abogado Alejandro Vidaña, defensor del exdirector de Administración de la Secretaria de Hacienda, Villegas Madriles.
Por su parte, el abogado Carlos Apodaca, defensor de Tarín, manifestó que tampoco podía dar declaraciones.
Ayer el periódico de circulación nacional “La Jornada” publicó que Luisa Fernanda Apodaca Estrada y Sofía Duarte Grajales, esposas de Tarín García y Villegas Madriles, respectivamente, responsabilizaron al gobierno estatal y a la Fiscalía General de Chihuahua de la seguridad tanto de ellas, como sus familias y sus cónyuges.
Mencionaron que sus esposos solicitaron al Gobierno federal que se les traslade a prisiones federales ante los tratos y las presiones que reciben en el Cereso 1 de Aquiles Serdán.
De acuerdo con la publicación, Luisa Fernanda Apodaca, esposa de Antonio Enrique Tarín, informó que cuando su padre –que es abogado y lo defiende– acudió a los juzgados estatales, le hicieron saber que si no se ratificaban las denuncias ante la PGR habría una negociación.
“Dijeron que si no ratificamos la denuncia en el momento ante los agentes del Ministerio Público Federal, podíamos sentarnos otra vez en la mesa a discutir los términos de los beneficios. Anteriormente lo que ofrecían era una pena mínima, y si no aceptábamos, entonces iban a dar la máxima y por cada caso, estamos hablando de 12 años.
“Estamos a la espera de que vaya personal de la PGR para que ellos ratifiquen esas denuncias y se proceda entonces a que las autoridades federales investiguen. Nosotros hacemos responsables de lo que a ellos les pueda pasar, al gobernador, al fiscal César Peniche y a Maclovio Murillo (asesor jurídico), ya que tenemos miedo de que vayan a atentar contra nosotros.