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El Diario de Chihuahua
Chihuahua— El empresario y político coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “La Coneja” interpuso ayer a través de sus abogados la queja número 3467/2018, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde denunció que continúan los actos de tortura sobre su persona en el penal de Aquiles Serdán y recibió amenazas de muerte.
De igual forma se anexó un mensaje escrito de su puño y letra donde señaló que personas desconocidas llegaron hasta su celda cuando recibía atención médica y le dijeron que “lo iban a chingar” (sic).
“Hoy a las 12:30 horas aproximadamente recibí dos amenazas de muerte al encontrarme en servicio médico y el custodio abandonó el lugar dejando a estas personas solas conmigo, quienes fueron los que me dijeron que me iban a chingar a donde me moviera. Por lo que temo enormemente por mi vida y hago responsables a todas las autoridades de mi seguridad, así como a sus superiores, incluyendo al gobernador”, apuntó Gutiérrez.
En la queja ante la CNDH, misma que se radicó con el número 3467/2018, el licenciado José Javier López García en carácter de defensor particular de Alejandro Gutiérrez remitió el escrito de su representado “que contiene diversas manifestaciones que realizó mi patrocinado a su órgano de defensa, los cuales estimo son de su competencia.
Rechaza Fiscalía acusaciones
Por la tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado de prensa donde rechazó las acusaciones.
“La FGE niega categóricamente ejercer actos de tortura, tratos degradantes y encubrir prácticas que se encuentran fuera de la legalidad en contra del imputado Alejandro G G.
Tras el escrito que presentó el abogado defensor, José Javier López García ante la CNDH, en el que solicita realizar una investigación por supuestas amenazas muerte en agravio de su representado; esta Fiscalía refuta tal acusación.
No existe evidencia alguna de malos tratos o intimidación; sin embargo, hacemos extensiva la invitación a organismos protectores de derechos humanos del estado y del país, así como de la sociedad civil, para que constaten la integridad física del imputado en mención.