Gabriela Minjáres/
El Diario de Juárez
El nuevo delegado nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sofío Ramírez Hernández, advirtió ayer que analizan proceder legalmente en contra del gobernador Javier Corral Jurado y hasta promover un juicio político en su contra, por el enfrentamiento con la Federación por la retención de recursos y por su actuación en los casos judiciales en los que han recurrido a testigos protegidos.
Sin mencionar casos en específico, ni identificar a los presuntos testigos protegidos, el también senador por el estado de Guerrero anticipó que un equipo de abogados revisa el actuar del gobernador y de la Fiscalía General del Estado por los juicios en contra de priistas en los que han recurrido a esta figura, cuando también han sido cómplices de actos de corrupción.
“Vamos a responder a cada una de las acciones que impulse el Gobierno del Estado o sus funcionarios o el propio gobernador y promover el juicio político, si fuese necesario, por los excesos y abusos de autoridad”, dijo ayer en conferencia de prensa.
Además, subrayó, que el PRI defenderá no sólo a las instituciones, al presidente Enrique Peña Nieto y a los gobiernos emanados de sus siglas, sino también a sus militantes que son objeto de linchamiento político y han sido ubicados en “listas negras” para emprender una persecución judicial en su contra.
“No habrá partido en silencio, no habrá un PRI de brazos caídos, habremos de representar con toda responsabilidad la encomienda que nos han dado para defender la relación de respeto con las instituciones y a muchos compañeros que puedan ser objeto de linchamiento político producto de los testigos protegidos”, reiteró.
En reunión con el Comité Municipal y liderazgos locales priistas, entre quienes se encontraban la senadora Lilia Merodio Reza, diputados federales y locales, así como las regidoras y el síndico en el Ayuntamiento de Juárez, el delegado explicó que Javier Corral está obligado por la Constitución del Estado a contribuir con la coordinación institucional entre la entidad y el Gobierno de la República.
En cambio, con sus recientes acciones para denunciar la retención de recursos federales a Chihuahua, el delegado priista acusó al Ejecutivo estatal de lucrar desde el poder y utilizar con fines políticos el convenio de coordinación a través del cual el Gobierno de la república entregaría 700 millones de pesos al estado.
“En lugar de mítines y de gritos mejor que busque una mesa de trabajo como lo hacemos todos los que tenemos responsabilidad política, institucional; ya no es el representante popular de la tribuna de los chihuahuenses en el Senado, es el gobernador constitucional de los chihuahuenses, que se ponga en la silla que le corresponde, que dice gobernador y representante de todos los chihuahuenses, no es vocero de su partido ni mucho menos de Ricardo Anaya”, manifestó.
Ramírez Hernández afirmó que el PRI no se opone a que el gobernador procure la justicia, lleve a la cárcel a quien haya cometido actos de corrupción y busque más recursos para el estado, pero consideró que las formas son equivocadas.
Esto, afirmó, porque desde su función como senador de la República solicitó información al Gobierno de la República y verificó que la Federación le ha cumplido a Chihuahua al entregar los recursos públicos que le corresponden.
Exhortó al mandatario estatal a respetar el ejercicio de gobierno y hacer sólo lo que está en el marco de su competencia. (Gabriela Minjáres/El Diario)
gabrielam@redaccion.diario.com.mx
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