Agencia Reforma
2018-01-11
Ciudad de México— En el reparto de recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) el Gobierno federal consintió al Estado de México y castigó a Chihuahua.
De acuerdo con la organización México Evalúa, Chihuahua es la entidad que menos recursos recibió de esta partida, pese a que con ella Hacienda repartió el año pasado más de 32 mil 806 millones de pesos, cuando la Cámara de Diputados le había aprobado 3 mil 244 millones de pesos.
Hasta septiembre de 2017, en medio del proceso electoral para elegir a gobernador, al Estado de México se le otorgaron 5 mil 291 millones de pesos.
En contraste, a Chihuahua sólo se le entregaron 61 millones de pesos, cuando el promedio por entidad debería ser de mil millones de pesos, menciona México Evalúa.
“Debido a que la mayor parte de los recursos del Fortafin se ejercen sin haber sido aprobados por la Cámara de Diputados, la decisión sobre dichas asignaciones la toma el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, cita la organización en la nota analítica “Fondos del Ramo 23: ¿sinónimo de control político?”.
Después de Edomex, las entidades más favorecidas fueron Michoacán, con 2 mil 407 millones de pesos; la Ciudad de México, con 2 mil 207 millones; Chiapas, con 2 mil 072 millones; y Oaxaca, con mil 913 millones.
A los que menos les dieron, luego de Chihuahua, son Colima, con 307 millones de pesos; Tlaxcala, con 224 millones; Guanajuato, con 205 millones y Aguascalientes, con 179 millones.
México Evalúa advierte en el documento de los riesgos sobre la discrecionalidad con que Hacienda maneja los recursos del Ramo 23 a su cargo, del que se desprendel Fortafin.
“El Ramo 23 es un cajón de gasto federal que controla la SHCP. Este cajón de gasto es el único que no se encuentra regulado por una ley. Su objetivo no está legalmente definido, lo que permite discrecionalidad en su asignación.
“México Evalúa ha denunciado que existen riesgos en el manejo del Ramo 23 asociados al crecimiento excesivo del gasto de este Ramo en condiciones de discrecionalidad, ya que puede facilitar el uso del dinero público para fines políticos, así como para la corrupción”, destaca la organización.
Detalla que una de las razones por las cuales el Ramo 23 es propenso al uso político, es que a través de él se crean programas que otorgan subsidios a los gobiernos locales para financiar proyectos de inversión física, entre otros apoyos.
Esos programas, precisa, han sido señalados por la Auditoría Superior de la Federación sobre la falta de transparencia en cuanto a sus objetivos y uso de recursos.