Martín Orquiz/
El Diario de Juárez
El Gobierno del Estado justificó la adjudicación directa que realizó para la compra de placas metálicas con el argumento de que la autoridad enfrentó una urgencia relacionada con la seguridad pública para contar con ese tipo de documentos debido a que la pasada administración estatal le heredó un desabasto.
La versión fue generada a través de un comunicado dado a conocer ayer luego de que El Diario publicó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló que el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en irregularidades en la adjudicación directa y el pago de 14 millones 947 mil pesos por la compra de placas y engomados para 2017.
La autoridad estatal señaló que la compra de más de 59 mil 250 juegos de placas y engomados fue hecha con apego a la legislación en la materia, en función de la urgencia que existía al inicio de la actual administración estatal.
El procedimiento de adjudicación directa por el cual se optó para comprar las placas que se entregaron entre el final del 2016 y los primeros meses del 2017 se hizo con fundamento en el artículo 102, fracción II, A fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, agregó.
La ley de la materia prevé de igual forma adjudicar cuando no existan proveedores idóneos, que en el momento de la adquisición así lo fueron, además de presentar un precio más bajo.
En el escrito argumenta que “es del dominio público la inseguridad que impera en el estado y país por el uso de vehículos sin placas y, en el caso del estado de Chihuahua, ese riesgo era más latente, al no contar con un placas metálicas ni engomados, ya que la anterior administración no dejó inventarios disponibles”.
El contrato número SH/LR/AD/012/2016, por un monto de 14 millones 947 mil 180 pesos, con IVA incluido, se llevó a cabo con fundamento en la excepción a la licitación pública que contempla la legislación del Estado.
La ASE, por su parte, determinó la improcedencia de la excepción invocada, por lo que la adquisición se debió licitar públicamente.
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