Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
La Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló que el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en irregularidades en la adjudicación directa y el pago de 14 millones 947 mil pesos por la compra de placas y engomados para 2017.
Al revisar el procedimiento de compra, la ASE encontró que el Estado no dio fundamento suficiente para adjudicar de forma directa el contrato a Talleres Unidos Mexicanos por 59 mil 250 juegos de placas metálicas y calcomanías para el control vehicular.
“Se determina la improcedencia de la excepción invocada y en consecuencia esta adquisición se debió licitar públicamente”, concluyó el órgano fiscalizador.
Las placas metálicas y engomados fueron adquiridos durante el primer trimestre de 2017, mediante un dictamen de excepción a licitación pública bajo los supuestos del artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.
Por esta operación, menciona el informe, el Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda incumplió con las funciones que por ley le corresponden y que se refieren al uso eficiente y cuidado de los recursos públicos.
Las anomalías podrían significar un daño a la hacienda pública, determinó la Auditoría Superior del Estado.
Al ser requerida una respuesta a la observación, Hacienda refirió que de no haber adjudicado directamente la compra de placas, se hubiera puesto en riesgo la vida de los chihuahuenses.
“El Estado no puede esperar a la actualización de la hipótesis para que existan casos en que peligre o altere la seguridad de una población dado que el espíritu de la ley no es que ocurran los eventos para efectuar una adquisición que los prevé. Y la función del Estado es preservar el interés jurídico número uno de las personas, que es la vida”, contestó mediante un oficio Patricia Terrazas Baca, directora general de Ingresos de la Secretaria de Hacienda.
De acuerdo con la contestación, la Secretaría de Hacienda consideró que los vehículos sin placas eran una de las razones de la inseguridad.
“Es de dominio público la inseguridad que impera en el estado y país por el uso de vehículos sin placas”, argumentó la funcionaria, además de considerar que Talleres Unidos era al momento de la adquisición el proveedor idóneo.
La respuesta de la funcionaria no solventó la observación, por lo que la ASE fue instruida para iniciar procedimientos sancionatorios correspondientes. (Itzel Ramírez / El Diario)
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