Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
Durante su último año de gestión, la administración de César Duarte incurrió en irregularidades que habrían afectado a la hacienda pública hasta por 5 mil 260 millones 881 mil 737 pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado.
En la revisión de la cuenta pública de 2016 del Gobierno del Estado de Chihuahua, la ASE realizó 70 observaciones al último ejercicio de Duarte. Debido a que las observaciones no fueron solventadas, el Congreso del Estado instó a la ASE a iniciar los procedimientos correspondientes para que la Fiscalía General del Estado ejerza acción legal en contra de los responsables del desfalco.
La observación más cuantiosa es la III.I.5.1 por 3 mil millones de pesos de presumible daño a la hacienda pública estatal y se refiere a aprovechamientos provenientes de obras públicas.
En la observación, la Auditoría Superior del Estado detectó que el 13 de septiembre de 2016, a menos de un mes del cambio de administración, el Gobierno del Estado celebró un contrato de crédito simple con Inbursa por 6 mil millones de pesos.
De acuerdo con el ente fiscalizador, el gobierno de César Duarte incumplió lo establecido en el artículo 117 de la Constitución federal, donde se impide contratar créditos tres meses antes del término de la administración.
“Se incumple además la obligación establecida en el artículo 26 fracción I y XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado… de atender todo lo concerniente a la administración financiera y fiscal y, en general, ejercer las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado de Chihuahua”, indica el informe, dictaminado por la Comisión de Fiscalización del Congreso.
En el 2016, el gobierno de Chihuahua pagó 88 millones 15 mil 123 pesos por el concepto de Compensaciones que, de acuerdo con la ASE, no estaban contempladas ni autorizadas en el Presupuesto de Egresos 2016.
“Dicha erogación constituye un gasto injustificado, en inobservancia a los artículos 51 y 54, fracción III de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, de los cuales se desprende la obligación de asegurar que todos los pagos con cargo al presupuesto se encuentren justificados, entendiéndose como justificantes las disposiciones o documentos legales que contienen la obligación de efectuar un pago”, informó la ASE.
Además, explicó el órgano, la autorización de esos estímulos corresponde a la Secretaría de Hacienda, lo que no se cumplió en el millonario pago.
Otro pago extraordinario e irregular se establece en la observación III.I.7.1 se establece que el Gobierno del Estado, incumpliendo la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental, Gasto Público del Estado de Chihuahua, autorizó pagos irregulares a 909 servidores públicos por la cantidad de 58 millones 802 mil 417 pesos, por los más variados conceptos entre ellos bonos de desempeño, de riesgo, de única vez, de celadores, compensaciones, pagos extraordinarios y trimestrales.
“El pago total… contraviene a lo que establece el artículo 61 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental, Gasto Público del Estado de Chihuahua, el cual establece que en ningún caso se podrán destinar recursos para el pago de bonos o compensaciones especiales o por cualquier otro concepto; es por lo anterior que dicha erogación carece de justificación”, concluyó la ASE.
Derivado del análisis, el Congreso rechazó la Cuenta Pública 2016 del Gobierno del Estado e instruyó para el inicio de procedimientos de sanción a quienes, en su papel de funcionarios públicos, hubiesen sido responsables de las irregularidades.
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