El Diario de Juárez
2017-12-21
Un exfuncionario del partido del presidente Enrique Peña Nieto fue arrestado como parte de una investigación sobre el uso ilegal de dinero público para apoyar las campañas de su partido en la elección del año pasado, según anunciaron ayer empleados estatales.
El exfuncionario, Alejandro Gutiérrez, es uno de varios aliados del presidente mexicano, y es sospechoso de tomar parte en un caso de malversación de fondos para impulsar las oportunidades de ganar de su partido en un momento de profunda insatisfacción con el gobierno, de acuerdo a exfuncionarios relacionados con el asunto y cientos de páginas de documentos que fueron revisados por The New York Times.
El arresto de Gutiérrez, quien era una figura veterana que ayudó a controlar las finanzas del Partido Revolucionario Institucional, PRI, forma parte de una amplia investigación sobre la enorme corrupción que ocurrió bajo el anterior gobernador de Chihuahua.
César Durate era amigo cercano del presidente de México y una figura en ascenso del partido, antes de que huyera a Estados Unidos para evitar ser capturado por los cargos federales y estatales de corrupción que le fincaron.
Existen alegatos de que Duarte robó más de 300 millones de dólares mientras estuvo a cargo del estado. Su hija es ciudadana estadounidense y de acuerdo a documentos legales revisados por el Times, el exgobernador solicitó una tarjeta verde.
Se cree que vive en Texas y Nuevo México, pero han sido infructuosos los intentos de localizarlo por teléfono o visitando las 10 propiedades que tiene en El Paso y sus alrededores.
El caso en su contra logró la detención de más de una docena de ex funcionarios estatales, algunos de los cuales están colaborando actualmente con las autoridades.
Sin embargo, la indagatoria está extendiéndose y amenaza con llegar a las más altas filas del gobierno, de acuerdo a un testimonio de exfuncionarios estatales y registros financieros.
Gutiérrez es investigado en relación con lo que exempleados estatales catalogan como un plan a nivel nacional para canalizar decenas de millones de dólares de recursos públicos para ayudar a los candidatos del partido en las elecciones de las gubernaturas del año pasado.
Los fondos fueron desviados a cuatro empresas, las cuales se supone que fueron contratadas por el estado de Chihuahua para proporcionar servicios educativos, recibiendo alrededor de 14 millones de dólares, de acuerdo a contratos y registros bancarios que demuestra que el dinero llegó a ese destino.
Sin embargo, las empresas no proporcionaron esos servicios, en lugar de eso, el dinero fue entregado en efectivo al PRI para que lo utilizara en las campañas.
De cada una de las empresas, el dinero fue transferido a docenas de empresas más, varias de las cuales aparecen en la lista negra de las autoridades fiscales a nivel nacional.
De allí, el dinero desapareció. La única pista es el testimonio de dos exfuncionarios estatales, a quienes miembros del partido les dijeron que el dinero se había entregado en efectivo para el financiamiento de las campañas.
Manlio Fabio Beltrones también es nombrado en la sentencia dictada a Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación de Chihuahua, quien se encuentra purgando una sentencia de cuatro años. Yáñez dijo que César Duarte le dijo que Beltrones había concebido el plan.