Juan de Dios Olivas/
El Diario de Juárez
El gobernador Javier Corral Jurado urgió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior y el uso del Ejército en tareas de seguridad pública, una vez que el Ejecutivo la promulgue.
Consideró que la normatividad aprobada por el Congreso de la Unión cae en la ambigüedad y genera riesgos a los derechos humanos, al municipio libre y la soberanía de los estados.
Corral Jurado señaló que la Ley no resuelve el problema del Ejército ni lo exime de responder ante tribunales internacionales.
“Es un mal diseño, es una ley mal hecha, es una redacción muy ambigua que genera muchos riesgos interpretativos y realmente el modelo está equivocado”, dijo.
Reconoció la colaboración de las fuerzas armadas en el combate a la inseguridad y aseguró que el país no puede prescindir de ese apoyo. Sin embargo, indicó que la participación del Ejército debe ser dentro de esa figura de colaboración y no de sustitución de autoridades civiles por militares, como lo plantea la Ley de Seguridad Interior.
“La seguridad pública es una tarea de las autoridades civiles y si se le va a disfrazar de seguridad interior, va a generar muchos riesgos, no solo a los derechos humanos”, añadió.
La Ley de Seguridad Interior es una legislación en la que se define la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y ante qué situaciones los militares pueden actuar.
Tras su aprobación, ciudadanos y ONGs la rechazan bajo la acusación de permitir una “militarización” del país. (Juan de Dios Olivas)
jdolivas@redaccion.diario.com.mx