Jaime Armendáriz/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— Dado que fideicomisos federales en materia de seguridad pública no brindan recursos a varios municipios, principalmente los que resultan mas afectados por la delincuencia, el Congreso del Estado analiza una propuesta para crear un fondo estatal.
Dicho fondo se compondría de una aportación igualitaria entre Ejecutivo y municipios para el equipamiento de las corporaciones policiacas y capacitación de agentes.
La diputada panista Laura Marín precisó que el Fondo del Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg) destinó este año 4 mil 921 millones a nivel nacional, repartidos en 300 municipios, de los cuales sólo seis (Aldama, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Parral y Juárez) son de esta entidad.
Los criterios de elegibilidad para el destino de este subsidio, generan un grave desequilibrio entre los municipios de todo el país, poniendo como ejemplo nuestro estado de Chihuahua, donde existen ayuntamientos que actualmente tienen fuertes problemas de inseguridad y jamás han recibido el recurso en materia de seguridad, recalcó.
Los municipios más pequeños dependen del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública (FASP), que en la entidad son distribuidos en 61 municipios sin alcanzar siquiera el millón de pesos de apoyo.
“Es evidente que entre otros resultados de esta política, tenemos en el país municipios que carecen de equipamiento, como patrullas, uniformes, radiocomunicación, tienen pocos policías y armamento obsoleto”, alertó.
En este sentido consideró benéfico un mecanismo local para el crecimiento, preparación, equipamiento y demás recursos materiales que permitan a los municipios fortalecer la seguridad pública.
Los indicadores para acceder a ese fondo deberán basarse en el número de habitantes, el cual deberá ser menor a los 100 mil y en el monto de las partidas presupuestarias que le son otorgadas por la Federación y el Estado, además de sus propios ingresos, ejemplificó la legisladora en su propuesta.
Para operar ese fondo se crearía un comité de revisión y aceptación, integrado por representantes del Gobierno del Estado y del Congreso, propuso Marín.
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