Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
Además de contar con aguinaldos superiores a los 100 mil pesos, los consejeros de la Judicatura de Chihuahua gozan mes con mes de sueldos y compensaciones que suman más de 140 mil pesos, en el caso de los integrantes no magistrados, como Luz Estela Castro y Joaquín Sotelo.
Mientras que para los magistrados del Tribunal Superior de Justica y también integrantes del Consejo de la Judicatura, las percepciones suben hasta los 165 mil pesos en el caso de Julio César Jiménez Castro, presidente de ambos organismos.
La información de remuneraciones por obligaciones de transparencia del TSJ indica que los sueldos de altos funcionarios no superan los 30 mil pesos. Son las compensaciones mensuales las que aumentan considerablemente el total de percepciones, pues van de los 116 mil a los 142 mil pesos, según el puesto de los magistrados.
Además de los aguinaldos y las remuneraciones con compensaciones superiores a los 100 mil pesos, los integrantes del Consejo tienen derecho a otro ingreso denominado “gratificación”, que se entrega anualmente y consta de 45 mil 180 pesos.
Ayer El Diario publicó que el Consejo de la Judicatura, órgano de control y rendición de cuentas del Poder Judicial, inició en junio sus operaciones sin presupuesto asignado e infraestructura insuficiente.
En agosto, luego de una reasignación presupuestal, la Judicatura aseguró a sus integrantes prestaciones superiores a las de otros servidores públicos y legisladores, a pesar de que en funciones llevan únicamente siete meses.
En la reasignación presupuestal la Judicatura, que por ley fue la encargada de cabildear su presupuesto ante el TSJ, buscó únicamente obtener recursos para servicios personales, es decir, para pago de salarios y remuneraciones.
La Judicatura obtuvo 5 millones 101 mil pesos para la creación de 16 plazas, que han funcionado apenas 6 meses en lo que va del año.
El 7 de noviembre pasado, el Congreso votó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda un informe sobre el destino y avance de los recursos reasignados al Poder Judicial, que en total sumaron más de 50 millones de pesos y estaban enfocados a mejorar la impartición de justicia.
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