Jaime Armendáriz/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua– El hostigamiento sexual, acoso laboral, discriminación y despido injustificado, son los problemas diarios que viven las mujeres en sus áreas de trabajo de oficinas gubernamentales.
Del 2015 a la fecha, el Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichmujer) ha recibido 90 quejas por esas situaciones dentro del Gobierno del Estado, 35 de iniciativa privada, 23 de dependencias federales y 6 en el municipio de Chihuahua.
Sólo en este 2017, van 74 quejas en entes públicos e iniciativa privada, de las cuales 23, por lo menos, ya pasaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Secretaría de la Función Pública.
“Lamentablemente la violencia contra las mujeres se ha normalizado”, condenó Emma Saldaña Lobera, directora del Ichmujer.
Dijo que paulatinamente existe un aumento en las quejas, pero que se trabaja en procedimientos para erradicar esa violencia sistemática.
Tal es el caso de las denuncias públicas hechas por dos diputadas locales del PAN durante la sesión del martes pasado, en las que acusaron a diputados y personal en general masculino del Congreso de acosar a las mujeres que laboran en el poder Legislativo.
“Da gusto que se visibilicen ese tipo de situaciones y que las mujeres no se queden calladas ante la injusticia”, afirmó Saldaña sobre el tema, aunque recalcó es necesario interponer las quejas formales para dar acompañamiento y que derive en las sanciones necesarias.
La funcionaria estatal denunció por acoso laboral a José Luis García, exdirector del Colegio de Bachilleres y secretario de Desarrollo Social en la administración de César Duarte, derivando en una inhabilitación contra él para ocupar puestos públicos en un lapso de cuatro años a partir de éste 2017.
“La principal causa de no denunciar es el miedo a perder el trabajo, a las represalias”, puntualizó.
Hay casos que inician con el acoso sexual y pasan posteriormente al laboral hasta los despidos sin causa, detalló la titular de Ichmujer.
En este año el Ichmujer atendió a 8 mil mujeres en situación de violencia, a las que se les apoya en asesoría jurídica, trabajo social y terapia a través de grupos de reflexión, se informó.
La Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia describe el concepto de Violencia laboral como:
“Omisión ejercida en abuso de poder por personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, que daña su autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad, impide su desarrollo y atenta contra la igualdad”.
Constituye además la violencia laboral como la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo.
También incluye la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.
En ella se encuentra el hostigamiento sexual, tipificado en el código penal de Chihuahua, con penas de 10 meses a tres años de prisión y multa de 150 a 300 veces el salario, “a quien valiéndose de su posición jerárquica laboral asedie a una persona con fines sexuales a pesar de la oposición manifiesta de la víctima. Si además quien cometiera este delito fuera servidor público se le destituirá de su cargo y se le inhabilitará hasta por cinco años”.
El organismo detalla algunas conductas como imágenes de naturaleza sexual u otras imágenes incómodas, ya sea en carteles, calendarios, pantallas de computadoras, piropos o comentarios no deseados acerca de su apariencia, miradas morbosas o gestos sugestivos, burlas, bromas, comentarios o preguntas incómodas sobre la vida sexual o amorosa.
Así como presión para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseadas fuera de su lugar de trabajo, cartas, llamadas telefónicas o mensajes de naturaleza sexual no deseados, amenazas que afecten negativamente su situación laboral si no acepta las invitaciones o propuestas sexuales, exigencia a realizar actividades que no competen a sus labores u otras medidas disciplinarias por rechazar proposiciones sexuales; roces, contacto físico no deseado, así como presión directa para tener relaciones sexuales. (Jaime Armendáriz)
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