Sandra Rodríguez/
El Diario de Juárez
Contar con el testimonio de cuatro vecinos era clave para sacar a su marido de la cárcel.
Uno de los testigos había grabado en video a los agentes de la Policía Municipal mientras entraban por la fuerza en su vivienda, probando que era falso que la detención hubiera ocurrido en la calle, como indicaba la acusación del Ministerio Público federal. Otros tres vieron además que lo habían golpeado.
Aportar estos testimonios, sin embargo, implicaba para los vecinos trasladarse 363 kilómetros hasta la ciudad de Chihuahua, sede del único Centro de Justicia Penal federal que hay en el estado, así como perder dos días de trabajo.
Costear los gastos, entonces, obligó a la esposa del detenido –que pidió la reserva de su identidad– a vender su vehículo y, sólo en los dos días que debieron permanecer los cuatro testigos en la capital del estado, desembolsó 12 mil pesos entre recorridos, comidas, estancia e incluso los salarios perdidos de cada uno.
Como éste, en los dos años de vigencia del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio a nivel federal, en Ciudad Juárez ha habido al menos 329 casos de detenidos cuyas familias deben enfrentar los costos de traslado por la falta de un Centro de Justicia Penal en esta frontera.
Desde el 30 de noviembre de 2015, cuando entró en vigor el nuevo sistema oral para casos del fuero federal, han sido abiertas en el estado mil 269 causas penales, de acuerdo con datos de la PGR.
El 65 por ciento de éstas (824) corresponden a Ciudad Juárez y en el 40 por ciento presentaron a un detenido.
La necesidad de los traslados a Chihuahua obedece a que en esta frontera no ha iniciado la construcción del Centro de Justicia Penal que aloje los procedimientos orales, obligatorios para todo el país desde el 18 de junio de 2016.
La más reciente licitación para la obra, lanzada en abril de este año, fue declarada desierta por el Consejo de la Judicatura Federal el pasado 26 de octubre, por lo que no se cumplirá el proyecto de concluirla en diciembre próximo.
Sin esta infraestructura, el costo de los traslados a Chihuahua, de acuerdo con abogados, ha encarecido y complicado la defensa para los inculpados.
“La mayor parte de los asuntos que llegan al Centro de Justicia de Chihuahua son de Ciudad Juárez (…) y, con base en eso surge una serie de dificultades, puesto que las personas citadas en el Centro de Justicia en Chihuahua tienen que acudir con sus propios recursos”, explicó Leticia Valdenea, defensora pública adscrita al Centro de Justicia Penal federal en Chihuahua.
“Hemos tenido el inconveniente de que se requiere presentar testigos, medios de prueba para favorecer a las personas en la vinculación o en un juicio, y el inconveniente es que no tienen dinero, o bien los testigos no se pueden trasladar también por falta de dinero o porque no pueden dejar su fuente de trabajo para trasladarse a Chihuahua y eso crea que una indefensión, una falta de acceso a la justicia”, agregó la abogada.
Gastos para todos
La falta de un Centro de Justicia Penal federal en esta frontera, que es donde más casos del fuero federal se generan, no sólo ha complicado y elevado el precio del procedimiento a los inculpados.
A los defensores particulares, explicó el abogado Manuel Pineda, se les ha reducido el mercado de clientes debido a que no todas las familias pueden pagar los alrededor de 6 mil pesos que se requieren para los traslados de testigos y, en ocasiones, de los peritos que son necesarios para la defensa.
Este monto, dijo el también ex defensor público, es el gasto mínimo para las dos primeras audiencias en las que se debe resolver la situación jurídica de cada acusado, y que pueden durar de tres a seis días, de acuerdo con los plazos que marca la Constitución.
Otro gasto es para la Secretaría de Seguridad Pública, cuyos agentes municipales, de acuerdo con lo que informó esta corporación, realizan la mayoría de los arrestos del fuero federal –como los relacionados con delitos contra la salud y contra la ley de armas de fuego– y deben también viajar constantemente a la ciudad de Chihuahua.
“Nos impacta de muchas maneras, desde lo económico hasta en el personal. Los policías tienen que ir a Chihuahua, se les dan viáticos del Municipio para la alimentación, la gasolina y el pago de las casetas”, planteó Ricardo Realivázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal de Juárez.
“Al ser la corporación que más arrestos y aseguramientos realiza tenemos un mayor impacto, lo más fuerte es que son agentes que se ausentan y deben ser cubiertos”, agregó.
Y también debe asumir el costo de los traslados la PGR, cuya sede delegacional se encuentra en esta frontera y que, como indican datos de esta dependencia, cada día debe erogar unos 3 mil 200 pesos por el viaje diario que se realizan dos agentes del ministerio público para atender las audiencias.
Los agentes, además, tienen que invertir más tiempo en la preparación de los casos debido a que no podrán regresar a la delegación por pruebas adicionales.
Otra problemática reportada entre los entrevistados son incluso retrasos por errores como falta de notificación por parte de los juzgados, todo mientras los intervinientes pagan traslados de cuatro horas y estancia en Chihuahua.
Y todo el gasto, además del temor de los testigos por enfrentar a una autoridad en procedimientos orales relacionados con delitos federales.
“Pero vieron mi desesperación”, dijo la esposa del acusado cuyo caso se mencionó, al explicar cómo fue que convenció a sus vecinos de que testificaran lo que habían visto. (Sandra Rodríguez / El Diario)
Precio alto
Los requeridos
• Abogados defensores
• Familiares de imputados
• Testigos (si los hay)
• Peritos
• Policías (que realizaron la detención)
Los gastos
• Pasaje ida y vuelta
• Alimentos (3 comidas diarias)
• Hospedaje (según las necesidades)
Efecto
• Golpe económico familiar
• Faltas en el trabajo
• Gasto Municipal
• Gasto de la PGR
329 juarenses son procesados en Chihuahua por delitos federales
• ‘Por falta de dinero crea un estado de indefensión’
6 mil pesos es el gasto mínimo en traslados por audiencia
Qué es el Sistema de Justicia Penal
• El Sistema de Justicia Penal, incluido en nuestro sistema jurídico, comprende diversos aspectos del sistema de seguridad y justicia lo cual representa un gran reto para las instituciones del Estado mexicano en su conjunto.
• Esta enmienda constitucional constituye una gran oportunidad para mejorar la impartición de justicia penal en nuestro país, a través de un procedimiento acusatorio y oral, más transparente, dinámico y garantista, tanto para los imputados como para las víctimas, en el que se cumpla con el objetivo de esclarecer los hechos, proteger a los inocentes, procurar que los culpables no queden impunes y que se reparen los daños causados por el delito.
• En el Nuevo Sistema de Justicia Penal los operadores jurídicos tienen un rol más participativo, transparente y con pleno respeto a los derechos fundamentales del imputado y de la víctima.
Fuente: Consejo de la Judicatura Federal
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