Fernando Aguilar/
El Diario de Juárez
Académicos y activistas rechazaron la reforma a la Ley Orgánica del Congreso para quitar la obligación de tener mínimo licenciatura para ejercer cargos administrativos.
Los distintos sectores sociales coincidieron en que se trata de un retroceso y pidieron dar marcha atrás.
Con el apoyo de diputados de Movimiento Ciudadano (MC) y Encuentro Social (PES), diputados del Partido Acción Nacional (PAN) lograron que para acceder a cargos en la Secretaría de Administración y Asuntos Legislativos del Congreso y a la Auditoría Superior del Estado basten “conocimientos y experiencia”.
La medida produjo reacciones en contra que afirman que tendrá un impacto negativo en las tareas legislativas, que serán ejecutadas por personas con menor preparación.
Eduardo Borunda Escobedo, catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), consideró que con ello se pierde profesionalidad en las tareas de la administración pública.
Dijo que la preparación y formación académica de los funcionarios públicos tiene que estar respaldada por instituciones educativas de nivel superior para garantizar la máxima eficiencia y eficacia en las tareas encomendadas.
“Considero que es un retroceso el que ya no sea un requisito tener un grado académico, como mínimo la licenciatura, para ocupar cualquier cargo público de elección o designación. Creo que debe volver al pleno del Congreso para analizar las repercusiones que tiene”, comentó.
Para Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), la sociedad debe cuestionar a los diputados en torno a si están tomando buenas decisiones y advertirles que retroceder en la profesionalización “es vergonzoso”.
“Hay que distinguir”, mencionó. “Para tener un puesto de elección popular no se puede negar a nadie su derecho a ser votado. Pero para el trabajo profesional, empezar a abrir tanto la posibilidad es dar un paso atrás. Es buscar la manera de que el trabajo sea menos profesional en lugar de que sea más”.
Desde el punto de vista de José Márquez Puentes, integrante de la organización Ciudadanos Vigilantes, los legisladores deben replantear la medida y someterla a una consulta más amplia.
Para él, se debe pugnar por siempre tener a las personas “más calificadas” en los puestos administrativos de las dependencias de gobierno.
“Pudiera ser una medida encaminada a abrir puertas a ciertas personas, pero es indebido si ese fuera el caso. Si no, siento que damos un paso atrás en la profesionalización y el mejor desempeño del personal administrativo”, opinó.
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