Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
Seis meses después del veto del gobernador Javier Corral al nombramiento de Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano como auditor, y de la posterior renuncia de éste al cargo, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) permanece con un encargado de despacho, Armando Valenzuela, como responsable del órgano fiscalizador más importante del estado.
Dentro de la reforma constitucional en materia anticorrupción, la ASE fue reforzada para erigirse en uno de los pilares del Sistema Estatal Anticorrupción, con nuevas atribuciones y la inclusión de la participación ciudadana en la designación de su titular.
“La Auditoría Superior debe de ser el órgano de fiscalización del Estado que proporcione a la sociedad chihuahuense certeza y credibilidad en la rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos, así mismo (sic.) para lograr esto debe de tener un personal comprometido y profesional altamente capacitado que realmente lleven a cabo la gestión gubernamental con honestidad y transparencia”, reza el dictamen sobre la reforma constitucional anticorrupción en lo relacionado con la Auditoría.
En dicha reforma se modificó el artículo 83 bis de la Constitución estatal para que el titular de la ASE sea nombrado por el Congreso a partir de una terna propuesta por nueve ciudadanos especialistas (designados a su vez por los poderes Ejecutivo y Legislativo) en temas de auditoría y responsabilidad.
Sin embargo casi cuatro meses después de aprobada la reforma constitucional, los diputados tienen todavía pendientes las reformas secundarias que darán fechas y mecanismos claros para emitir la convocatoria al nuevo auditor, proceso que difícilmente estará listo este año.
En días pasados, Valenzuela entregó al Congreso la auditoría relativa a la cuenta pública 2016, que se encuentra en revisión de la Comisión de Fiscalización. Este hecho fue criticado por la legisladora Crystal Tovar, al considerar que como encargado de despacho, Valenzuela no tiene facultades legales para auditar el gasto público.
“La opinión que tengo es que él (Valenzuela) es encargado de despacho, de inicio no debería estar haciendo auditorías pero ya está ahí y las está haciendo. Es bastante grave, de hecho hemos hecho esa observación, que al no ser él propiamente el auditor, cualquiera puede decir ‘bueno es solamente el encargado, no tiene porqué auditar nuestras cuentas’, pero no pasa nada”, afirmó la legisladora del PRD e integrante de la Comisión de Fiscalización.
Se buscó a otros legisladores de la Comisión de Fiscalización para conocer su postura sobre el tema, sin embargo a algunos no fue posible localizarlos, mientras que otros ignoraron las peticiones realizadas.
En la reforma se dotó además a la ASE de la facultad para iniciar el proceso de fiscalización de la cuenta pública a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, “esto para no dar oportunidad a que se alteren datos o resultados, siguiendo el principio de mayor transparencia”, indica la exposición de motivos del dictamen aprobado por los legisladores.
De acuerdo con fuentes del Congreso consultadas, no se espera que sea sino hasta el próximo año cuando, una vez terminadas las reformas a leyes secundarias, nombrados el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador, ambos del Sistema Estatal Anticorrupción.
Mientras tanto, está en proceso el análisis de los informes de auditorías entregados al Congreso. A través de Comunicación Social de la ASE se solicitó una entrevista con Valenzuela, pero se informó que el encargado de despacho estaba fuera de la ciudad y no podía informar nada sobre la cuenta pública, excepto que se había entregado en los términos de la ley.
El 13 de febrero la ASE quedó sin titular debido a la renuncia de Jesús Manuel Esparza Flores, actualmente en prisión y vinculado a proceso por desvío de recursos públicos, Valenzuela fue nombrado entonces encargado de despacho como sustituto de Esparza.
Dos semanas después los legisladores publicaron la convocatoria y el 6 de abril, el Congreso designó a Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano como el nuevo auditor, en una sesión en la que se acusó de “madruguete” la elección. Seis días después, el Ejecutivo estatal vetó el nombramiento y Valenzuela reasumió como encargado de despacho.
Desde el 25 de abril hasta ahora no ha habido acuerdo en el Congreso para definir ruta ni plazos a seguir en la designación del auditor.
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