Jaime Armendáriz/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— El Congreso de la Unión pidió a los diputados locales reformar el Código Civil y eliminar el llamado “matrimonio infantil”, que permite casarse a mujeres a partir de los 14 años y a varones a partir de los 16, y aplicar la edad mínima de 18 en ambos casos como lo establece a nivel nacional la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La instrucción fue girada esta semana mediante un oficio recibido por el Congreso del Estado, según indica la Correspondencia de la sesión ordinaria del martes pasado, donde se evidencia que Chihuahua es, junto con otros seis estados, los únicos que no ha homolgado esa norma en materia de matrimonios.
El tema se incluyó desde el 2011 por el Partido Verde Ecologista de México a nivel local y ante la norma nacional publicada en el 2014 se volvió a plantear la iniciativa de reforma, sin tener efectos hasta el momento.
Nuevamente se incluyó el asunto en la agenda legislativa el 25 de octubre del año pasado.
Hever Quezada Flores, legislador por el PVEM, confió en que el oficio mandado por el Congreso de la Unión puede generar presión en las comisiones unidas de Justicia y la Especial de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, para sacar un dictamen favorable.
Explicó que existe una discusión en la que no hay acuerdo, y es que varios de los diputados aceptan eliminar el “matrimonio infantil” pero buscan dejar una excepción para que se permita en caso de que alguna autoridad municipal lo determine a su criterio.
Dijo que la reforma se tiene que generar como lo marca la Ley General, así como los estándares internacionales de la ONU y demás organismos.
Ese debate provocó que de inicio la propuesta fuera turnada a las comisiones unidas, ya que primero estuvo solo en la de Justicia y ahí se tenía ya listo un dictamen para presentar al pleno del Congreso con la excepción.
“El perfil de los integrantes de la comisión no está considerando principios fundamentales del derecho de infancia y se ha manifestado en contra de disposiciones constitucionales y de derechos humanos, lo cual no asegura que el dictamen se realice en observancia de los estándares tanto de técnica legislativa como de convencionalidad y constitucionalidad”, señala el documento que en su momento enviaron a la Presidencia del Congreso.
En él se especifica que hubo opiniones de especialistas en el tema, “éstas no han sido tomadas en cuenta; el dictamen que pretende someter a votación del pleno ha sido elaborado tomando en cuenta apreciaciones personales que carecen de sustento jurídico”, añade.
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