Manuel Quezada/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua– Los presidentes de Canacintra, Coparmex y Canaco, Miguel Guerrero, Federico Baeza y Carlos Fierro, señalaron ayer que es necesario revisar la figura del testigo protegido y sus beneficios, ya que no es bueno liberar funcionarios o empresarios a cambio de información sobre casos de corrupción.
Coincidieron en que urge revisar las leyes para endurecer las penalidades por el delito de peculado en Chihuahua.
Miguel Guerrero, presidente de Canacintra, subrayó que la idea es que a quién se le compruebe un delito, pague por ello y no mandar el mensaje de impunidad.
El industrial dijo que hay que ser muy cuidadoso con el mensaje que se envia en la aplicación de la justicia porque al perdonar por información, entonces ¿dónde queda la pena que realmente se debe de cumplir por el hecho o el delito que se haya cometido y comprobado?.
Miguel Guerrero apuntó que en el caso de Javier Garfio se requiere revisar la figura del testigo protegido y considerar penas más rigurosas para sancionar el delito de peculado en el que pueden incurrir los funcionarios públicos como los mismos proveedores, quienes deben conducirse siempre dentro de la legalidad.
Piden explicación sobre condena
A su vez, el presidente de la Coparmex-Chihuahua, Federico Baeza Mares, dijo que se requiere que las autoridades expliquen de una manera y práctica, la situación que prevalece en torno al caso de Javier Garfio, ya que hay muchas dudas de la ciudadanía y se tienen que aclarar.
Consideró necesario eso para que la ciudadanía no entre en descontento y no se dé una desacreditación de las instituciones que sería lo más lamentable.
Baeza Mares agregó que “se tiene que castigar a la gente que hizo actos de corrupción, por lo que debe de haber un equilibrio entre el tema de los testigos protegidos que declaran en contra de funcionarios, pero que a lo mejor también se vieron inmiscuidos en actos de corrupción”.
El empresario dijo que no ve correcto que se proteja a personas por la figura del testigo protegido. Se debe castigar a quien infringió la ley.
El presidente de la Canaco, Carlos Fierro Portillo, dijo que no se puede dar una opinión sustentada sobre el caso de Javier Garfio, mientras el juez no diga por qué tomo la decisión de dejarlo en libertad e imponerle una multa, cuando se declaró culpable.
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