Jaime Armendáriz/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— La diputada local del PAN, Blanca Gámez Gutiérrez, propuso crear un órgano interno en el Congreso del Estado para vigilar el uso de los recursos públicos y el actuar de los funcionarios de ese poder.
Así lo planteó de manera formal mediante una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Legislativo, en la que enfatizó la necesidad de armonizar los cuerpos normativos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.
Esta reforma constituye un importante avance, pues de ser la única entidad federativa cuyo Congreso carecía de órgano interno de control, será el primero en el país que lo incorpore en su Ley Orgánica, resaltó.
Aseguró que ese organismo sería un mecanismo anticorrupción dotado de facultades investigadoras, substanciadoras y sancionadoras de faltas administrativas no graves.
Además de funciones para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Ahora bien, el Decreto Constitucional que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción establece que los entes públicos tendrán órganos internos de control, de allí que en adelante y subsecuentemente los encontraremos en todos los órdenes de gobierno, acotó.
En tanto adelantó que sería la Junta de Coordinación Política, con la participación de la sociedad civil experta en la materia, quien realizará la convocatoria y el proceso de selección de perfiles de aspirantes a ocupar la titularidad del órgano, así como de hacer la propuesta que se someterá al Pleno del Congreso, cuya designación requerirá la votación de las dos terceras partes de las y los diputados presentes.
Ese cargo tendrá una duración de cuatro años, a fin de que trascienda los años que dure una legislatura y por último dada la naturaleza del cargo se establece que, para ocupar el mismo se requiere contar con un perfil especializado en combate a las prácticas de corrupción, y por ello se exige que cuente con los mismos requisitos establecidos para la persona que funge como titular de la Auditoría Superior del Estado.
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