Sandra Rodríguez/
El Diario de Juárez
Las calles anchas y limpias en el centro de la cabecera municipal de Ignacio Zaragoza tenían aspecto de tranquilidad, después de la lluvia que cayó la tarde del pasado sábado 30 de septiembre. Había una tienda de abarrotes abierta y, enfrente, entre la iglesia y la presidencia municipal, el pasto de la plaza lucía tupido y recién cortado.
El paisaje, sin embargo, siguió casi vacío aún cuando escampó, y la calma, advirtieron habitantes, era sólo una apariencia.
“Ha habido desaparecidos”, dijo uno de los pobladores cuando se le preguntó por las condiciones de seguridad.
“Andan comandos en varios vehículos; es muy común. Haga de cuenta que son soldados. Pasan de repente, de aquí para allá. Es un secreto a voces”, agregó.
El aire de serenidad y tensión en el ambiente de este pueblo es el mismo que tenía la expresión del entrevistado, que incluso sonreía al contar sobre el paso de caravanas de camionetas cargadas con “jóvenes” armados, pero que aceptó hablar sólo con la condición del anonimato.
“Está en juego la integridad de uno –dijo–; así es esta zona”.
La vida en medio de tal violencia y fragilidad se ha normalizado aquí y en otros lugares recorridos, como Madera, con una combinación de convicciones también expresadas por diferentes pobladores: una que les indica que hay una disputa territorial y que sólo es “entre ellos”, los que denominan “grupos” del crimen organizado; y otra que les ha enseñado con el paso de los años que no hay quien vaya a contenerlos.
“Resignación”, le llamó el alcalde panista de Madera, Jaime Torres Amaya.
“Es un problema que va más allá de lo que es, pues, los gobiernos; por eso se llama crimen organizado, porque es tanta su estructura que, hasta cierto punto, en un Gobierno en cambio hasta cierto punto está fuera de control o fuera de estrategia en poder atacar a estos grupos”, dijo Torres Amaya en entrevista.
–¿Cómo se administra un municipio en esas condiciones? –se le preguntó.
–Cuando uno se mantiene aparte de grupos, eso nos permite a nosotros tener esa libertad, de administrar los recursos y enfocarlo a lo que sí debe ser, en recursos productivos y de acuerdo a los rubros, pavimentación, ‘esto va a ser para fomentar el empleo, grupos vulnerables, apoyo a escuelas’, todo eso –respondió el edil.
–¿Hay miedo?
–Hay situaciones en que sí, hay resignación, en el sentido de decir ‘bueno, pues ya estoy aquí, quiero trabajar, voy a trabajar’, dijo Torres, entrevistado en su oficina en el centro de Madera.
‘Sólo queda verlos’
Ubicados en el noroeste de Chihuahua, hacia la colindancia con el estado de Sonora, los municipios de Ignacio Zaragoza, Madera y otros cuatro de la zona se convirtieron en foco de la estrategia de seguridad del Gobierno estatal que, en febrero, asumió el control de las policías municipales.
La orden, de acuerdo con el decreto 80/2017, fue la concentración de 220 agentes policiacos y de tránsito de éstos y otros cuatro municipios –Gómez Farías, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Temósachic– para su sometimiento a procesos de pruebas de control de confianza.
Los antecedentes de la medida fueron una serie de ataques contra agentes policiacos municipales registrados en Madera entre noviembre y febrero pasados, como el secuestro de seis en la comunidad de La Simona –en la parte alta de la Sierra Madre– y el ataque a otro grupo en el ejido El Largo Maderal.
Y se extendieron al resto de los municipios, explica el decreto emitido el 18 de febrero, debido a que la violencia se estaba regionalizando por la capacidad de traslado de los grupos armados –presuntamente de La Línea y de la Gente Nueva–, que recorren la región “sin que las policías municipales puedan hacer un frente efectivo”.
Por tanto, agregó el texto, “es de suma importancia que el Gobierno Estatal asuma un control del territorio regional”.
Así, a partir de febrero, el Estado concentró a los agentes municipales en la ciudad de Chihuahua y los suplió con 300 elementos estatales hasta nuevo aviso en las tareas de vialidad y seguridad pública.
Los patrullajes de los grupos armados sin uniformes, sin embargo, continúan hasta la fecha aun y cuando en la zona también hay presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Y la violencia posterior a la intervención del Gobierno del Estado, además, ha sido brutal, sobre todo en el municipio de Madera, con balaceras, masacres y varios reportes de desaparición.
Tan sólo el pasado 5 de julio, en la comunidad de Las Varas, al noroeste de la cabecera municipal, al menos 15 personas fueron asesinadas en lo que la autoridad estatal denominó una “disputa entre estos grupos antagónicos que se disputan el control de la zona”, por lo que hizo un llamado a mantener la calma.
“Uno de estos grupos es el que agredió y mató a dos de nuestros policías hace apenas unos días”, agregó el texto, citando al fiscal general, César Peniche Espejel.
En total, 196 personas victimas de asesinato doloso entre marzo y agosto pasados en toda la zona occidente, de acuerdo con la estadística oficial. O más del doble que los 89 casos registrados en el mismo periodo del año anterior.
Todavía en agosto pasado, en al menos dos ocasiones hubo reportes del ingreso a Madera de caravanas con decenas de vehículos con hombres armados que recorrieron el poblado y, de acuerdo con reportes extraoficiales, cometieron diversos secuestros.
“Entraron al pueblo, se llevaron a dos o tres, y a los demás les dijeron que se metieran a sus casas, que eran gente de Sonora y que no iban a hacer daño”, narró un habitante en Madera que presenció la llegada del convoy de criminales y que dijo considerar que habrían aprovechado algún o relevo de los estatales.
Los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad fueron retirados de cuatro de los municipios intervenidos –salvo Madera– esta semana, una vez realizadas las pruebas de control de confianza que reprobó un 40 por ciento de los policías locales evaluados.
“Ya se cumplieron las metas”, dijo el comisionado Óscar Avendaño Aparicio.
Entre la corporación estatal, sin embargo, se expresó todavía el sábado 30 una sensación de insuficiencia.
“Por la calle pasan más vehículos y personas armadas en las caravanas que lo que traen (los estatales)”, comentó un agente en la región. “Sólo queda verlos”, agregó.
Silencio y duelo
En este contexto, otros elementos que ayudan a sobrellevar la incertidumbre en estos poblados son la cancelación de actividades nocturnas en la calle y, entre una gran mayoría de entrevistados, el silencio.
“No abordes el tema”, le dijo Heraclio Rodríguez, dirigente estatal del movimiento El Barzón, a Andrés Manuel López Obrador el pasado sábado 30 de septiembre, en cuanto el aspirante presidencial se bajó de la camioneta para encabezar un mitin en el salón Ejido Madera, en la zona centro de la cabecera municipal.
“La gente tiene mucho miedo, y a nosotros nos han pedido que esos temas no los abordemos públicamente, porque los dejamos en estado de indefensión”, comentó Rodríguez a este medio cuando se le preguntó por los motivos de su petición al candidato.
Un día después, a tres cuadras de donde se realizó el acto político del Movimiento de Regeneración Nacional, una intensa balacera y movilización policiaca dejaron una persona muerta y otra herida.
La vida en la región está trastocada, admitió el alcalde Torres Amaya. El turismo que hace años tenía en esta parte del inicio de la Sierra a uno de sus destinos predilectos ha caído un 30 por ciento en los últimos meses.
Y, por encima de toda la población, planteó la maestra maderense Fedra Torres, pesa el trauma.
“Con tanta muerte aquí, no hay día que no haya un difunto en la funeraria”, dijo Torres, entrevistada durante el mitin de López Obrador y una de las pocas personas que accedió a que su nombre fuera publicado.
“En la escuela hay muchos niños huérfanos, y vemos cómo les afecta desde lo emotivo, lo económico. Hay mamás sin sus hijos; una sensación de duelo que no se está atendiendo”, agregó la docente.
Zona del conflicto
• Después de la intervención, se han registrado enfrentamientos entre ‘estos grupos antagónicos que se disputan el control de la zona’