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Juzgan en 'fast track' a presos en arraigo

Blanca Carmona/
El Diario de Juárez | Viernes 06 Octubre 2017 | 00:01:00 hrs

Archivo/El Diario de Juárez |

Archivo/El Diario de Juárez |

La población en el Centro Estatal de Arraigo local cayó en menos de dos meses de 56 internos a sólo 19, tras emitir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una recomendación al gobernador y al Tribunal Superior de Justicia, por considerar ilegal dicho lugar.

Personal del Tribunal de Enjuiciamiento informó que en las últimas semanas se fijó como prioridad desahogar los juicios correspondientes a personas internadas en el centro de arraigo, lo que arrojó varias sentencias y que algunas quedaran en libertad.

La polémica por los centros de arraigo surge de que se usan como “cárceles ilegales” al mantener a los procesados recluidos pese a que se les venció la medida cautelar de prisión preventiva que es de máximo dos años, tiempo en el que el acusado debe ser sentenciado, de lo contrario puesto en libertad.

El Centro Estatal de Arraigo en la ciudad se encuentra sobre la calle Barranco Azul, justo a un costado de los juzgados penales mejor conocidos como Ciudad Judicial, que es un edificio aledaño al Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal número 3.

De acuerdo con la investigación de la CNDH hecha en el estado y que culminó el pasado 14 de agosto con la recomendación que ha provocado el desfogue del centro de arraigo local, se constató la ilegalidad de dichas cárceles.

La Comisión informó que se pudo corroborar que hay personas privadas de su libertad bajo la modalidad de “arraigo en el domicilio”, figura que, si bien se contempla en la legislación procesal de esta entidad, no autoriza a que el citado arraigo se efectúe en centros de reclusión, cualquiera que sea la denominación que estos adopten.

“En efecto, el ‘arraigo en el domicilio’ señalado en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua vigente en la época de los hechos, marca que éste se impondrá posterior a que los imputados rindan su declaración preparatoria y no después de que se ha agotado el plazo máximo para la prisión preventiva, que es de dos años, en cuyo caso, ésta debe terminar, a menos que su prolongación sea por causas imputables al procesado”, agrega la CNDH en su reporte.

Expone que al decretar la autoridad judicial este “arraigo” fuera de los casos previstos por la ley y en un lugar distinto al del propio inmueble del imputado o el de otra persona, la CNDH consideró que “la autoridad en realidad lo que ha venido haciendo, en contravención a la Constitución, es prolongar materialmente la prisión preventiva en instalaciones ‘acondicionadas’ o ‘habilitadas’, denominadas ‘centros de arraigo’, con las características y condiciones propias de una prisión, mismos que operan sin fundamento legal alguno”.

Alejandrina Saucedo, vocera de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, informó que la población carcelaria en el Centro Estatal de Arraigos (CEA) de Ciudad Juárez era hasta ayer de 19 internos.

El pasado 29 de agosto, en el CEA estaban recluidos 47 personas y el 14 de agosto, cuando la CNDH emitió su recomendación, había 56.

En agosto del 2016 la CNDH inició el expediente CNDH/3/2016/6651/Q, que finalizó el pasado 14 de agosto con la determinación de que los centros de arraigo son ilegales.

En esa fecha emitió la recomendación 29/2017 al gobernador, Javier Corral Jurado, y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Julio César Jiménez Castro, en la que considera ilegal el funcionamiento de los centros de arraigo que han venido utilizando en Chihuahua al vencerse la medida cautelar de prisión preventiva sin ser sentenciados.

Juicios desahogados

En los juicios número 94/17, 44/12, 130/17, 97/14, 128/14, 156/17 y 228/14, los jueces dictaron fallos absolutorios y algunos de los imputados –que se encontraban recluidos en el CEA– quedaron en libertad y otros siguen recluidos porque el Ministerio Público (MP) interpuso un recurso en segunda instancia, informó personal de los juzgados.

En otros juicios –como en los número 193/16, 169/14, 176/16, 259/17, 88/15– se dictaron sentencias condenatorias pero de inmediato los presos interpusieron el recurso de casación y por ello continúan recluidos en el centro de arraigos, es decir, no fueron internados a un centro de readaptación.

Además están en proceso los juicios orales 105/17, 111/14, 100/16, 156/16 y 10/17.

Hay otros casos como el juicio 142/17 instruido a Eduardo Rafael Huerta Fernández, quien fue encontrado culpable de haber asesinado a una menor de 14 años de edad y horas después de que se emitió la sentencia fue cambiado del CEA al Cereso 3 de Ciudad Juárez.

Ayer los jueces explicaron que varias de las personas que permanecen en los CEA ya están sentenciados en primera instancia pero interpusieron una casación o un recurso de amparo y tanto magistrados como jueces federales no han emitido la resolución.

Como ejemplo se citó el juicio 252/14 seguido a Agustín Leyva Martínez, quien hace 3 años fue encontrado inocente del delito de homicidio pero el MP interpuso una casación en la que se resolvió reponer el proceso, después el sentenciado recurrió al amparo y el juez federal no se ha pronunciado. Por lo que sigue en el CEA.

El único juicio cuyo acusado está bajo arraigo y el enjuiciamiento aún no tiene fecha para iniciar es el 128/17. Además el MP pidió sobreseer el 196/17 y otros tres juicios ya no iniciaron porque de último momento los procesados aceptaron su responsabilidad y pidieron ser sentenciados a través de un procedimiento abreviado para que la pena fuera reducida, por lo que jueces de Control emitieron un veredicto.

Ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua y el Consejo de la Judicatura declinaron dar a conocer información. (Con información de Blanca Carmona)

• 14 agosto

La CNDH emite la recomendación 29/2017 al gobernador, Javier Corral Jurado, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Julio César Jiménez Castro, en la que considera ilegales los centros de arraigo.

Hasta esa fecha había 56 procesados en el centro de arraigo local

• 30 agosto

Hay 47 internos en el Centro Estatal de Arraigo local

• 13 septiembre

La cifra de internos baja a 34

• 5 octubre

Hay ya sólo 19 detenidos en espera de ser juzgados



Para saber

¿Qué es el Centro Estatal de Arraigo?

Es un edificio aledaño a los Juzgados Penales y el Cereso, donde el Estado mantiene presos a los procesados que se les venció el plazo de dos años para ser juzgados.

¿Qué dice la ley?

En la ley no existe la figura de centros de arraigo. Si un detenido no es llevado a juicio y sentenciado en un plazo de dos años, que es lo máximo de la medida cautelar de prisión preventiva, este debe de ser liberado.

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