Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó ayer la extradición del exgobernador César Duarte.
Carlos Tobar, director de Averiguaciones Previas de la Fepade, indicó que a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales se pidió la extradición con base en el tratado firmado con Estados Unidos, donde se presume la estancia de Duarte.
“La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales a partir de hoy (ayer) realizó los trámites conducentes para impulsar que la persona que está sustraída de la acción de la justicia, el exgobernador César Duarte Jáquez, pueda comparecer ante la justicia mexicana, ante el juez de control en el estado de Chihuahua para él mismo responder por los actos que le fueron imputados y por los cuales tiene un mandato de captura”, mencionó.
El gobernador Javier Corral anunció el martes en la Ciudad de México que Duarte acumulaba 10 órdenes de aprehensión, por lo que solicitaba el inicio de la petición de extradición ante la PGR.
Los supuestos delitos cometidos por Duarte, de acuerdo con Corral, superarían los mil millones de pesos de desvío de recursos públicos.
Dijo que será el Departamento de Justicia de Estados Unidos la instancia encargada de recibir y procesar la solicitud de acuerdo con el Tratado de extradiciones firmado en 1978 entre México y el vecino del norte.
Sobre lo declarado el martes por Corral acerca de algunas voces que criticaban un trato preferencial para Duarte, Tobar Galicia dijo que la Fepade ha investigado todos los asuntos que le son asignados.
“Las instituciones deben funcionar para lo que están creadas, la de nosotros es perseguir, prevenir e investigar los delitos electorales y eso es lo que estamos haciendo con todas y cada una de las carpetas de investigación que tenemos a nuestro cargo”, aseguró.
Tobar indicó que el resto de los imputados, cuatro exfuncionarios estatales y una exdirigente partidista, ya están vinculados a proceso, incluida la solicitud de desafuero ante el Congreso de la Unión en contra de la diputada estatal Karina Velázquez.
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