El Diario de Juárez
2017-09-13
Este día se reunieron en Chihuahua para la cuarta mesa de trabajo de la Alianza Política de los Gobernadores de la Frontera Norte, los mandatarios de Tamaulipas, Nuevo León, Baja California y Sonora, además del titular del Ejecutivo del estado sede.
Los cinco condenaron la eliminación de los fondos para programas de atención a migrantes, en perjuicio de los 21 millones de habitantes de esta zona, que se contemplaban en del Presupuesto de Egresos del próximo año.
Francisco García Cabeza de Baca, gobernadores de Tamaulipas; Francisco Arturo Vega de Lamadrid, de Baja California; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Claudia Pavlovich, de Sonora, y Javier Corral, de Chihuahua, analizaron en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, la postura antiinmigrante de Estados Unidos.
Rolando García Martínez, secretario técnico de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago); Monserrat Iglesias, directora general adjunta de Coordinación Política en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), acompañaron la reunión.
Con ellos, también asistieron, Raúl Medina Llanes en representación del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; Eunice Rendón, experta en migración y seguridad, así como Gustavo Madero Muñoz, coordinador de Gabinete de Chihuahua, quienes se unieron al debate de la urgencia de modificar la coordinación en la frontera y la asignación de recursos fiscales para esta región.
La intención es destinar recursos atodos los municipios de cada entidad fronteriza y no únicamente en los físicamente colindantes con Estados Unidos, además de promover el autoempleo, que sea aplicado por organizaciones de la sociedad civil, y que los recursos a los estados sean otorgados en los primeros tres meses del año, en lugar de que sea en diciembre.
Recordó que sólo la semana pasada, el gobierno de Estados Unidos decidió dar marcha atrás al programa DACA, que protegía a indocumentados que llegaron cuando eran menores de edad y cuya población se estima en 600 mil mexicanos.
Javier Corral consideró que esa decisión se tomó como medida de presión para renegociar el Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y es una falta de respeto a los derechos humanos.
Los gobernadores fronterizos proponen que los Estados firmen un acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para dotar a agentes estatales capacitados de armamento de grueso calibre asegurados a grupos delictivos, por la Procuraduría General de la República (PGR).