Heriberto Barrientos/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— De darse el proceso de extradición del exgobernador César Duarte Jáquez podría tardar varios años, según las disposiciones vigentes del Tratado de Extradición, firmado por México y los Estados Unidos, así como de la Ley de Extradición Internacional.
Dentro de ese marco legal se establece que primero debe generarse vía diplomática la solicitud para la detención.
El artículo 11 del Tratado de Extradición refiere: “En caso de urgencia, cualquiera de las partes contratantes podrá pedir, por la vía diplomática la detención provisional de una persona acusada o sentenciada.
“El pedimento deberá contener la expresión del delito por el cual se pide la extradición, la descripción del reclamado y su paradero, la promoverá de formalizar la solicitud de extradición y una declaración de la existencia de una orden de aprehensión librada por autoridad judicial competente o de una sentencia condenatoria en contra del reclamado”.
Abogados consultados ayer por El Diario explicaron que Estados Unidos tendrá la obligación de calificar si los delitos de peculado y otros, por los que se pedirá la extradición de César Duarte es delictivo o no, y puede darse el caso de que la Secretaría de Estado y el Departamento de Justicia de EU, niegue la solicitud de extradición.
Existen limitantes; el exmandatario chihuahuense puede argumentar que es víctima de persecución política, incluso la incautación de sus bienes sin todavía existir un proceso penal, le puede beneficiar para ir preparando su defensa jurídica, dijo el abogado Héctor Villasana.
“No es un tema menor y sencillo, no por el simple hecho de que haya una solicitud de extradición automáticamente vayan a detenerlo y extraditarlo, a diferencia de Javier Duarte de Veracruz, él sí aceptó y quiso ser trasladado a México, escenario muy diferente a lo que pudiera ocurrir con César Duarte”, abundó.
Sobre el mecanismo explicó que la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores son quienes tienen que solicitar por la vía diplomática a la Secretaría de Estado y Departamento de Justicia de EUA la extradición del político priísta.
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