Jaime Armendáriz/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— Después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una recomendación a Chihuahua por considerar ilegales los “Centros Estatales de Arraigo”, diputados de Nueva Alianza urgieron al Gobierno Estatal y al Poder Judicial a priorizar los casos de aquellos reos recluidos en esos centros.
La legisladora Martha Rea y Pérez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, indicó que en la entidad un 63 por ciento de la población bajo proceso penal está a su vez sujeta a la medida cautelar de arraigo domiciliario por más de un año.
“Con ello se está prolongando su privación de libertad en proceso, lo que afecta su derecho a la seguridad jurídica, violatorio a la Constitución que indica que la prisión preventiva no podrá exceder de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado”, expuso.
Refirió que la propia norma establece que si cumplido ese término no se ha pronunciado sentencia, el imputado debe ser puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello impida el establecimiento de otras medidas cautelares.
“Hay que pugnar por la salvaguarda de los derechos humanos y fundamentales de las personas que en este momento se encuentran vinculados a procesos, sin tener como objetivo liberarles y así provocar o incentivar un ambiente de impunidad, sino de impulsar sus procesos y concluir con las etapas de investigación a fin de que se dicte una sentencia y que no se mantengan en la zozobra recluidos por tiempo indefinido”, añadió la legisladora.
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