El Diario de Juárez
2017-09-06
El exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, solicitó un amparo para no ser aprehendido por la Procuraduría General de la República, pero no le fue concedido.
En cambio, la juez Guadalupe Rocío Neri Reynaga le concedió una suspensión provisional sólo para que no sea incomunicado, en caso de ser detenido, y para que no sea sometido a tratos crueles e inhumanos, ya que en la denuncia, le defensa alega tener conocimiento de que las autoridades tienen la instrucción de obtener una confesión incriminatoria de Duarte, a como dé lugar.
El exmandatario denunció que tratan de incriminarlo con “delitos que no ha cometido”.
Lo anterior consta en el juicio de garantías interpuesto en el juzgado Décimo de Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México, donde la defensa de Duarte Jáquez aseguró que la PGR realizó un operativo en la casa que habitan sus hijas, en la colonia Lomas de las Palmas, en el municipio de Huixquilucan.
La única orden que hay vigente a nivel federal contra el exgobernador, hasta este momento, fue librada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chihuahua, por su probable responsabilidad en el delito de peculado electoral.
Sin embargo, la defensa del exmandatario estatal también pretende saber si alguna otra área de la PGR pidió una nueva orden de captura.
Los funcionarios federales consultados señalaron que la demanda de garantías está firmada por el abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, quien encabezó la defensa y logró la liberación del general Tomás Ángeles Dauahare.
En el juicio se hace énfasis que el pasado 30 de mayo, Duarte presentó un escrito dirigido al titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, en el que manifestó que tenía conocimiento de que la fiscalía había iniciado averiguaciones previas o carpetas de investigación, en las que se investigan hechos relacionados o acontecidos durante su gestión como gobernador.
Por esa razón, el exmandatario solicitó se reconociera a sus abogados para que se les permitiera el acceso a las indagatorias, pero la petición no fue atendida ni acordada favorablemente.
En junio la agente del Ministerio Público Federal, Alicia Ortiz Santiago, adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación de la Fepade, emitió un acuerdo dentro de la carpeta de investigación, en el que consideró que no tenía certeza de que el escrito enviado por Duarte, haya sido suscrito por él.
, ni de que sea su decisión que sea defendido por los abogados que se mencionan en el mismo.