Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
La solicitud de declaración de procedencia (desafuero) para ejercer la acción penal en contra de la diputada Karina Velázquez Ramírez se encuentra en la Cámara de Diputados, precisó ayer Carlos Tovar Galicia, director general adjunto de Integración de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Tovar Galicia dijo que se acudió a la Cámara baja porque es de carácter federal el delito presuntamente cometido por la diputada del PRI, recién nombrada presidenta de la Mesa directiva del Congreso de Chihuahua.
“En delitos federales debe solicitarse el procedimiento ante el órgano legislativo federal, aunque sean cometidos por servidores del ámbito municipal o en este caso estatal, siempre que estemos hablando de un delito que esté contemplado en una ley general, como es la Ley General en Materia de Delitos Electorales”, mencionó el funcionario.
Dijo que fue en agosto cuando la Fepade ingresó a la Cámara de Diputados la solicitud y que corresponde a ese poder determinar cuándo iniciará el procedimiento para la evaluación de la procedencia para que, en caso de ser aprobado, pase al Congreso local, donde se destituiría a la legisladora.
“Esperaríamos su decisión para que ellos mismos turnen después el asunto al legislativo del Estado de Chihuahua, para que éstos procedan en su caso”, aseguró.
Galicia dijo que aunque la Fepade no puede pronunciarse sobre la inocencia de la diputada exdirigente del PRI local, las solicitudes de declaración de procedencia únicamente existen cuando hay indicios de la probable comisión de un delito, como es el caso.
“Nosotros exclusivamente acudimos ante el órgano legislativo toda vez que existen datos de prueba que nos pueden señalar que existe la participación de una persona en los hechos que la ley señala como delito y que esta persona tiene alguna inmunidad constitucional por lo cual se solicita esta procedencia ante el órgano legislativo”, explicó.
En caso de no darse la declaratoria de procedencia, indicaron algunos expertos consultados, en cualquier solicitud de licencia o al término del encargo de legisladora (en septiembre de 2018), Velázquez quedaría sin la protección constitucional que le impide, de momento, ser sometida a la acción de la justicia.
La carpeta de investigación que ha llevado a la solicitud de desafuero de la legisladora indica el presunto desvío de 14 millones de pesos provenientes de descuentos a empleados estatales hacia las arcas del PRI –del que Velázquez era presidenta–, para las campañas electorales del 2015.
Priistas callan
La presidenta del Congreso Diana Karina Velázquez Ramírez no emitirá declaraciones sobre la solicitud de desafuero que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) hizo en su contra, explicó Luis Rubén Maldonado, coordinador de prensa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El portavoz de la bancada del PRI, señaló que cuando se tenga más información se emitirá el posicionamiento y que por el momento se desconoce que exista la solicitud de desafuero.
Ayer se trató de localizar a la legisladora a fin de conocer su postura, pero no fue posible contactarla.
Tampoco se obtuvo versión del dirigente estatal del PRI, Omar Bazán, debido a que viajó a la Ciudad de México para estar en el mensaje que el presidente Enrique Peña Nieto ofreció con motivo de su V Informe de Gobierno. (Con información de Miguel Silva / El Diario)